El Parlamento de Canarias se compromete en la lucha contra la violencia de género

Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres, así fue establecido por Las Naciones Unidas desde el año 2000. Por ello, el Parlamento de Canarias expresa su compromiso un año más en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, muestra su rechazo a la violencia machista, que considera una vulneración de los derechos humanos “incompatible con la democracia”, como explica el organismo en un comunicado.

Lo cierto es que muchas mujeres están sometidas a diferentes formas de violencia que “obedecen a una desigualdad estructural”, a pesar de que la legislación española ha sido una de las primeras en recoger los principales tratados internacionales imprescindibles para acabar con esta lacra. En este sentido, también ha sido pionera en adaptar la legislación y la acción política a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que, como defiende el Parlamento canario, “aspiran transversalmente a la igualdad de género y cuentan con un objetivo específico: promoverla”.

Sin embargo, este año, el 25N cuenta con otro protagonista que también ha influido en recrudecer la realidad de las mujeres que sufren maltrato. La pandemia del coronavirus ha obligado a las víctimas a confinarse durante un largo periodo de tiempo con sus maltratadores, privándolas a ellas y a sus hijos de libertad. Por esta razón, no solo hay que luchar contra la crisis económica que ha dejado la pandemia, sino que también es “fundamental redoblar los esfuerzos institucionales en la lucha contra las violencias machistas, así como a favor de la igualdad en todos los ámbitos de la vida”. El Parlamento de Canarias, además, rechaza en la nota cualquier “retroceso discursivo” de algunos políticos, que se “niegan” a aceptar la existencia de esta problemática social.

En lo que va de año, 41 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres, así como tres menores, quedando huérfanos 20 niños. Además, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en España y casi tres han sufrido violencia física y/o sexual de su pareja o expareja.

Leyes que amparen a las mujeres y menores

Actualmente, se encuentra en tramitación la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que confirmará la plena trasposición del Convenio de Estambul al ordenamiento jurídico español y ofrecerá un marco de derechos y garantías a las víctimas de las violencias sexuales, dentro del amparo de estándares internacionales de derechos humanos y trasladando la presión popular del movimiento feminista a las normas básicas del Estado.

Asimismo, el Dictamen del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, aprobado en 2017, supuso la devolución de las competencias en materia de lucha contra esta violencia y de promoción de la igualdad de género a las entidades locales de nuestro país.

La acción política de todas las administraciones, cada una en el marco de sus competencias, debe obedecer a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, dando respuesta jurídica y en términos de acompañamiento y reparación a todas las mujeres que sufran violencia de género. Por ello, el Parlamento de Canarias, dentro de sus competencias, se compromete a desarrollar políticas y medidas que aborden la lucha contra todas esas violencias machistas, haciéndose cargo de todas las víctimas, sin importar su situación administrativa, y asumiendo todas las obligaciones que en materia de garantía de derechos humanos les son prescriptivas.

Del mismo modo, el Parlamento de Canarias reconoce al movimiento feminista y su lucha determinada contra todas las formas de violencia machista, expresado en las movilizaciones que, en torno a esta fecha del 25 de noviembre, han agitado la conciencia de nuestras sociedades e impulsado a los poderes públicos a la asunción de sus responsabilidades.

El organismo considera “fundamental” el trabajo común entre las entidades, las asociaciones, las administraciones y el conjunto de la sociedad civil para acabar con todas las vulneraciones de derechos humanos que se cometen contra las niñas y mujeres por el hecho de serlo.