La Plataforma por el 5% rechaza que se baje la inversión en Educación en los presupuestos de Canarias para 2022

Estudiantes se examinan en un aula universitaria E

Efe

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La Plataforma por el 5% para la Educación ha rechazado este miércoles que la inversión en este servicio público retroceda “desde el 4,55% de 2021 al 4,29% del PIB para 2022 en el proyecto de presupuestos” aprobado por el Gobierno canario. Con esta consignación, el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres “incumple la Ley Canaria de Educación y su compromiso de investidura de invertir el 5% del PIB en 2022” en este ámbito, afirma la Plataforma en un comunicado.

El citado proyecto de ley enviado por el Gobierno de Canarias al Parlamento regional incluye una previsión de un PIB de 48.955 millones de euros para el año 2022 y un gasto consolidado en Educación de 2.101.077.095 euros, lo que significa que la inversión en Educación en estos presupuestos, no solo no alcanza el 5% del PIB, sino que retrocede hasta el 4,29%, 0,26 puntos porcentuales menos que en el pasado ejercicio, detalla el colectivo.

A su juicio, “a pesar de las especiales circunstancias creadas por la COVID-19 y del apoyo urgente y obligado que demanda la situación de La Palma, se daban las condiciones para mantener o incrementar ligeramente los niveles de inversión respecto al PIB alcanzados en la educación”.

“Esperábamos que este Gobierno, autodenominado progresista, entendiera la oportunidad de hacer pedagogía social y activara algunas medidas fiscales compensatorias hacia las rentas altas para mejorar los ingresos de la comunidad y poder afrontar dichas urgencias y la mejora de nuestros servicios públicos”, aseveran sus portavoces.

Además de lamentar que no haya sido así, la Plataforma subraya que “pese al esfuerzo realizado -gracias, en gran parte, a los fondos procedentes de Europa y del Estado-, Canarias sigue siendo un ejemplo paradigmático de desigualdad social: verdadero paraíso fiscal para los grandes grupos de presión empresariales y campeona estatal en tasas de pobreza, déficit en los servicios públicos y bajos salarios”. 

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