La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias tacha de “aberrantes” las propuestas para reducir la temporalidad

La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca) ha tachado este jueves de “aberrantes” las propuestas que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha presentado a la Comisión Europea para fortalecer los Servicios Públicos españoles y cumplir con la Normativa laboral europea, porque, en su opinión, sancionan al trabajador y no a la administración.

En un comunicado Pefralca ha querido expresar su “decepción e indignación” por una medida que propone sancionar a las administraciones que no convoquen en tres años las plazas ocupadas por trabajadores temporales, despidiendo al trabajador y suprimiendo las plazas.

“La pregunta que surge de inmediato es en qué universidad aprendió el ministro lo que era una sanción, ya que debería recaer sobre el gobernante, probablemente un alto cargo perteneciente a un partido político puesto a dedo e ineficaz, y no sobre las necesarias plazas para que el empleado público lleve los derechos a los ciudadanos”, ha denunciado la portavoz de Pefralca, Julia Jiménez

Según denuncia la plataforma, lo que hará la nueva política laboral de lo público del PSOE, en última instancia, “es impedir que lleguen a tiempo a los ciudadanos las ayudas de empleo, de dependencia, los ingresos mínimos vitales, o las ayudas de atención educativa y sanitaria con un mínimo de calidad”.

“Con esta idea de talar árboles para que no haya incendios cada vez habrá menos personal público para la gestión de los fondos económicos”, ha aseverado Jiménez.

Pefralca recuerda que actualmente hay 4.000 trabajadores afectados en Canarias pertenecientes a la Administración General, si se suman los de Educación y Justicia llegan a los 25.000 y, con cabildos y ayuntamientos alcanzan los 45.000 afectados.

“No sabemos si la Comisión Europea aceptará esta desastrosa futura sanción para prevenir el abuso de temporalidad sobre los trabajadores públicos, pero de lo que sí estamos seguros es que su segunda propuesta de sancionarse a sí mismo respecto a los 800.000 trabajadores que se encuentran en fraude de ley en todo el país por abuso de temporalidad realizando procesos selectivos que pueden conducir al colectivo afectado a formar parte de un paro estructural será muy cuestionada”, ha señalado.

En este sentido, la plataforma anima a trabajadores, ciudadanos, partidos políticos y sindicatos “a luchar unidos” para impedir que el actual Gobierno realice en Canarias “semejante estropicio” para los Servicios Públicos.

Respecto al Gobierno socialista canario, la plataforma critica que haya cedido su competencia en el empleo público al Gobierno central en lugar de buscar una solución para sus ciudadanos.

La Plataforma recuerda que en Cataluña, una organización de trabajadores públicos ya ha presentado una denuncia por lo penal contra altos cargos de la Función Pública por seguir permitiendo la prevaricación administrativa al no cumplir con la Normativa Europea.

Afectados del Ayuntamiento de Zaragoza también presentarán próximamente ante la Fiscalía española y europea otra denuncia contra altos cargos del Ayuntamiento por malversar fondos económicos convocando OPE ilegales, abundan.

Y en Canarias, los empleados públicos de la Administración General están actualmente en huelga para defender sus derechos laborales, al igual que los médicos especialistas y el PAS de la Universidad de Las Palmas.

“Y poco a poco, y para que no salgan OPE ilegales e injustas, se irán poniendo en huelga los compañeros de las diferentes administraciones de las islas que también se encuentran en abuso de temporalidad”, advierte la plataforma.

Para Pefralca resulta evidente que el “clamor” por la calidad de los servicios públicos y para que se aplique el derecho y la justicia europea es “unánime”.

Por todo ello, la plataforma ha exigido al ministro Iceta y al Gobierno de Canarias que “de una vez por todas” se sienten a pensar en medidas “para solventar una situación de abuso”.

Entre tanto, “seguiremos presionando en las calles y parando la Administración”, concluye Jiménez.