Los periódicos de Prensa Ibérica en Canarias tendrán que publicar en portada la rectificación de una exvocal de RTVC

Los dos periódicos de Editorial Prensa Ibérica en Canarias, La Provincia/Diario de Las Palmas y El Día, tienen diez días de plazo para publicar en sus respectivas ediciones una rectificación de una ex vocal del consejo rector de Radio Televisión Canaria (RTVC) a la que ambas cabeceras acusaron de entorpecer la gestión del ente público por “intereses televisivos”. La rectificación deberá llevar llamada en primera página de las ediciones impresas, con el correspondiente pase a la página interior en la que se publique.

Así lo ha establecido la jueza Raquel Alejano, titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de Santa Cruz de Tenerife, atendiendo la petición de María Lorenzo para que se ejecute correctamente una sentencia de la Audiencia Provincial en la que se le daba la razón y se obligaba a los directores de ambos diarios a publicar íntegramente el escrito de rectificación “con el mismo tratamiento de texto, caracteres tipográficos y ubicación física, que la información inicial, debiendo recoger en la portada la referencia al lugar y página donde se incluya el escrito de rectificación, el cual deberá ser publicado sin comentarios ni apostillas”. Los demandados no atendieron debidamente el fallo de la Audiencia Provincial y evitaron publicar la rectificación incluyendo lo que en el argot se llama “llamada en primera”, lo que motivó que María Lorenzo reclamara de nuevo ante la justicia.

Los hechos que originaron esta controversia se produjeron en julio de 2017, cuando La Provincia y publicó una noticia titulada “La señal de la Autonómica depende de una consejera con intereses televisivos” y La Opinión de Tenerife, ahora El Día, tras la compra de esa cabecera por Prensa Ibérica y el cierre de aquella, la misma noticia pero titulada “La señal de TVC depende de una consejera con intereses televisivos”. María Lorenzo, directamente mencionada en ambas piezas, envió una carta de rectificación a los dos periódicos alegando, entre otras cosas, que la información publicada era falsa, que no había sido contrastada y que perjudicaba su honor y su profesionalidad. Además, recordaba que la continuidad de la señal de la televisión pública, por entonces en peligro por la gestión de su director general, no dependía solo de su voto sino de la mayoría establecida en los estatutos del ente, es decir, tres, lo que incluiría el voto de otro vocal y del presidente del consejo rector.

María Lorenzo fue nombrada vocal del consejo rector de RTVC por el Parlamento de Canarias a propuesta del PSOE después de pasar una prueba de idoneidad en la comisión de control del ente público en la cámara regional, vender sus participaciones en la cadena Canal 8 y renunciar a los cargos que ocupaba en empresas del sector audiovisual, recordaba en su nota de rectificación. Prensa Ibérica tiene intereses directos en la Televisión Canaria al ser contratista de varios programas actualmente en emisión, más de media docena en el momento de producirse estos hechos.

El auto de la jueza Alejano no es recurrible.