Sagulpa no subrogará a cinco trabajadores del aparcamiento de Carvajal hasta que se aclare la validez de sus contratos

La situación laboral de cinco trabajadores del aparcamiento público de Carvajal, en Las Palmas de Gran Canaria, está en el aire. La Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa) esperará a que se aclaren las anomalías que ha detectado en los contratos de cinco de los siete empleados con la empresa que gestionaba el parking hasta el mes pasado, para ver si está en la obligación de subrogarlos. El gerente de la entidad publica, José Ricart, explica que se tendrá que constatar que esos empleados trabajaban en ese espacio para incorporarlos a su plantilla.

El pasado 5 de octubre, Sagulpa se hizo con el control del aparcamiento de Carvajal después de que una sentencia obligara a Gestión de Aparcamientos 2002 S.L. a entregar la explotación por el incumplimiento reiterado del abono del canon municipal por las plazas de rotación. A partir de ese día la entidad pública es la responsable directa de la gestión del parking.

Ramón Blanco, uno de los trabajadores de aparcamiento, cuenta que cuando Sagulpa tomó posesión del aparcamiento le pidieron a una de las empleadas, que se encontraban allí en ese momento, que se marchara y que le comunicara al resto de compañeros que se presentaran el lunes siguiente en las oficinas de la entidad para entregar toda la documentación de contratos y nóminas. Según Blanco recogieron toda la documentación y quedaron en llamarlos la siguiente semana, pero pasaron las semanas y esa llamada nunca llegó.

Al ver que su situación no se aclaraba, volvió a ir a las oficinas de la empresa pública y salió sin obtener una solución sobre su situación. Además, indica que enviaron un escrito del cual no han recibido contestación y, aparte, nadie les quiere recibir. La situación de estos trabajadores ahora mismo es incierta. En el mes de octubre no recibieron salario, no pueden arreglar ningún tipo de prestación y no tienen ningún documento que les aclare nada. “Nos hemos quedado en la calle. Estamos en medio de una guerra entre estas dos empresas y lo estamos pagando nosotros”, asegura el empleado del aparcamiento.

Sostiene que tanto él como sus compañeros han pedido explicaciones a su antigua empresa pero no les han aclarado sus dudas. “En la otra empresa nos dijeron que no nos podían dar nada porque ellos no nos habían despedido. Cumplieron una sentencia judicial que les obligaba a darnos de baja en la Seguridad Social para que Sagulpa nos subrogara y nos diera el alta”, señala. Los cinco trabajadores lo tienen claro: “Si no nos quieren, por lo menos que nos ofrezcan una carta de despido para nosotros arreglar el paro”.

El gerente de Sagulpa aclara que desde el momento en el que adquirieron el aparcamiento habló con todos los trabajadores contándoles que había pedido información a la antigua empresa sin conseguir ningún tipo de dato. “No podíamos dirigirnos a ellos porque no sabíamos ni que trabajadores estaban allí”, cuenta. “Los empleados tuvieron una reunión con el director financiero y se les expuso que necesitábamos analizar la situación de cada uno de ellos para ver lo que pasaba”, asegura.

Asimismo, Ricart considera que, en los contratos de cinco de los siete trabajadores, ya que dos empleadas ya pertenecen a la plantilla de la empresa pública, existían una serie de irregularidades sobre las que se han planteado dudas. “No es admisible que si el día 5 iba a entrar Sagulpa, el 4 se estuvieran produciendo modificaciones de contrato”, lamenta el gerente. “Se aprecian graves y serias contradicciones jurídicas”.

Ante el escrito que han enviado los trabajadores, en el que adelantan que demandarán a la entidad pública, el gerente señala que a medida que vayan entrando las demandas analizarán si se aporta nueva documentación para esclarecer el procedimiento. “Si se aclara y tenemos que subrogarlos, lo haremos con efectos retroactivos al 5 de octubre y, si no, no habrá derecho a la subrogación. Entendemos que no es así. Tenemos que defender los intereses públicos”, acentúa.

El gerente espera que los trabajadores y la empresa puedan entenderse en el marco de la conciliación e insiste en que creen que no todos están en el derecho de ser subrogados. “Si hubiésemos tenido la garantía de que están en la situación de las dos compañeras lo hubiésemos hecho”, asegura. Ricart concluye en que no hay intencionalidad por parte de Sagulpa ni de su persona de no subrogar. “El tema está en la que empresa anterior no contribuyó a una solución pacífica”, sentencia.

Por su parte, Blanco invita a la empresa pública a comprobar la situación de los empleados. “Tenemos las altas en la Seguridad Social con los contratos, las nóminas, las bases de cotización y todo se puede comprobar”, sentencia.