La renta mínima cobra fuerza en plena crisis sanitaria: Canarias promueve esta solución para familias sin recursos

Hasta el propio exministro Luis de Guindos (PP) llegó esta semana a defender en televisión una renta mínima, a pesar de que su partido ha sido contrario a iniciativas como esta. El Gobierno de Canarias lleva meses trabajando por implantar su renta básica ciudadana en las Islas y para ello se fija en modelos como el del País Vasco, Navarra o incluso en otros de ámbito más local como en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, mientras llega esta iniciativa, la actual consejería de Derechos Sociales, con Noemí Santana (Sí Podemos Canarias) a la cabeza, ha propuesto la creación “de una renta ciudadana de emergencia coyuntural”. 

La iniciativa se llevará esta semana al Consejo de Gobierno, pero desde esta consejería advierten de que se trata de una medida excepcional para garantizar unos ingresos mínimos a las familias que actualmente no reciben en Canarias ni siquiera la Prestación Mínima de Inserción (PCI) y que sufren un mayor riesgo de vulnerabilidad social. La PCI es una ayuda económica que perciben durante dos años las personas en riesgo de sufrir esta exclusión. Actualmente, son beneficiarias 6.400 unidades de convivencia, unas 15.000 personas. No obstante, 1.200 solicitudes que estaban pendientes serán renovadas automáticamente. 

Para sacar adelante esta y otras medidas, el Ejecutivo ha creado un Comité de Gestión Social. El objetivo es desarrollar iniciativas para que ninguna familia canaria sufra falta de alimentos, de suministro de agua, luz, entre otras necesidades básicas. Entre las medidas impulsadas hasta ahora destaca el hecho de que los menores acogidos a cuota cero en los comedores escolares se puedan beneficiar de una compra por valor de 120 euros. 

Una comunidad con mayor tasa de pobreza

En Canarias, actualmente el 29% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social. Es decir, más de 600.000 personas. Se trata de la cifra más alta de España, por encima de Extremadura (23%) o Islas Baleares (21,5%). Además, es la única comunidad donde el pasado año creció esta tasa y donde esta situación tiene un carácter más económico que en el resto de España. Así se desprende del VIII informe Foessa, donde también se destacan otros aspectos como  el hecho de que la exclusión severa (15,7%) casi llega a duplicar la del conjunto nacional (8,8%). 

En una nota de prensa emitida este martes desde la consejería de Derechos Sociales se pide además que se permita utilizar el superávit de las cuentas canarias para gasto social. El uso del superávit ha sido una de las reivindicaciones que ha realizado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al Estado en un documento que envió en los primeros días en los que la pandemia tomaba mayores dimensiones y se decretaba el Estado de Alarma. 

Durante el período del Estado de Alarma, desde la Consejería de Derechos Sociales se ha procedido a la renovación automática de la Prestación Canaria de Inserción a 1.200 personas y al adelanto de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar vinculadas al sistema de dependencia. También se ha llegado a un acuerdo con Cruz Roja para la atención a personas mayores usuarias de residencias de día y que reciban atención en sus domicilios. Por parte del Instituto Canario de Igualdad, se ha llevado adelante una iniciativa para combatir la violencia de Género: la campaña ‘Mascarilla 19’ para que las mujeres que se encuentren en esta situación puedan denuniciarlo pronunciando estas palabras en las farmacias y que se active el protocolo. 

Según aclara la Consejería, el Comité de Gestión Social para la Crisis del Coronavirus está presidido por el presidente del Gobierno de Canarias y compuesto por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana; la consejera de Educación, María José Guerra; la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende; la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén. Este comité se reunirá de forma periódica durante las próximas semanas y asegura que contará en los próximos encuentros con voces expertas del tercer sector, así como otras áreas del gobierno, con el objetivo de articular medidas políticas transversales regidas todas por el mismo objetivo de proteger a las familias y personas más vulnerables. 

El Gobierno de Canarias insiste en que impulsar una renta ciudadana es uno de sus objetivos para finales de 2020  y sigue estudiando qué modelo adoptar. En el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias se recoge este derecho a una renta ciudadana y añade que “los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”. Su aprobación requiere de una ley, por lo que habrá que llevarla al Parlamento de Canarias y someterla a debate.