El Supremo deja en Telde el caso de la cocaína boliviana
El Tribunal Supremo ha decidido que el Juzgado número 1 de Telde continúe con la instrucción de la causa abierta por tráfico de drogas contra una organización que importaba cocaína desde Bolivia para distribuirla por varios puntos de España, en una operación que culminó en 2012.
El juzgado de la localidad grancanaria abrió esa investigación dos años antes, después de que el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas tuviera conocimiento de la existencia de un grupo que se dedicaba a introducir cocaína en Canarias desde Bolivia. Las investigaciones, que constan ya de más de 11.000 folios, permitieron destapar una red que enviaba a España cocaína mediante dos procedimientos: con correos humanos o disimulada en partidas de un fruto llamado mocochinchi (melocotón deshidratado).
Las primeras detenciones contra este grupo se practicaron en diciembre de 2011 en Madrid, donde se llevaron a cabo tres registros autorizados por el juez de Telde que se saldaron con la incautación de un kilo y medio de cocaína. Cuatro meses más tarde, la Guardia Civil averiguó que había aparecido droga dentro de un saco de mocochinchis almacenado en la localidad de Yuncos (Toledo), en una partida de fruta que se estaba intentando vender entre la comunidad boliviana en Madrid.
Según detalla el propio Supremo en el auto por el que delimita la competencia del caso, ese saco era el resto de una partida enviada a España antes de que la Policía Boliviana cortara esa vía con la detención del presunto cabecilla del grupo, administrador único de la empresa de importación de frutas que servía como tapadera. Tras esos hechos, el Juzgado de Telde solicitó que la causa pasara a los juzgados de Madrid, con el argumento de que “toda la organización” del grupo estaba en la capital y de que allí también se encontraba su laboratorio.
El Supremo deniega su petición porque fue en Telde donde se practicaron las primeras investigaciones judiciales y donde se tomaron las primeras medidas restrictivas de derechos fundamentales (pinchazos telefónicos, registros y arrestos), aunque luego se descubriera que la trama se extendía por más provincias. “El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones será en principio el competente para la instrucción de la causa”, razona.
El Supremo subraya que, en este caso, con seis detenidos y once órdenes internacionales de arresto emitidas, no se investiga a una organización “improvisada ni ocasional. No nos encontramos con una organización aislada de transporte de cocaína, cuyos efectos se han circunscrito a un determinado territorio, sino con una actuación enmarcada en el seno de una organización dedicada al tráfico de cocaína con eventual difusión de los efectos en Madrid, Toledo, Las Palmas de Gran Canaria y el extranjero, en Santa Cruz (Bolivia)”, añade.
