La asociación canaria Transparencia Urbanística se suma al rechazo por el cierre de la oficina Anticorrupción de Balears

La asociación canaria Transparencia Urbanística su suma a la declaración conjunta en contra de la eliminación de la oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de les Illes Balears, con motivo de la proposición de Ley registrada el 9 de octubre de 2023 en el Parlamento de dicho archipiélago. En este sentido, la asociación canaria rechaza la propuesta, impulsada por PP y Vox en Balears, de eliminar dicho ente destinado prevenir posibles casos fraudulentos de fondos públicos.

Desde les Illes Balears, en la declaración conjunta de organizaciones de la sociedad civil firmantes, entre las que se encuentra Transparencia Urbanística, declaran que “esta medida debilita el Estado de derecho” y “ es contrario a los compromisos asumidos por parte de todos los Estados de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) que establece en su artículo 6 la obligación de otorgar a los órganos nacionales y subnacionales anticorrupción la independencia y recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida, y es también contrario a las metas 16.5 y 16.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y a la política anticorrupción de la UE”.

En el comunicado inciden “en la necesidad de adoptar nuevos mecanismos tanto preventivos como represivos para erradicar la corrupción e insta a los Estados miembros de la UE para que adopten una amplia gama de medidas preventivas, legislativas, judiciales y cooperativas para una mejor prevención y lucha contra este fenómeno, establece en su artículo 4 la importancia sobre crear, consolidar y fortalecer agencias y organismos especializados en la lucha contra la corrupción que puedan ejercer sus funciones de forma adecuada con transparencia, integridad y rendición de cuentas”.

En este sentido, en el conjunto de medidas que forman parte del paquete contra la corrupción se encuentra el fenómeno transfronterizo que afecta a la UE estableciendo un abanico de conductas entre los delitos de especial gravedad para todos los EEMM de la UE. Insisten en que “ello implica que las medidas adoptadas en el marco de la UE, junto con las adoptadas a nivel nacional por los EEMM, tengan en España, en particular, también su correspondiente correlación con las medidas que se adopten a nivel autonómico”.

“Es precisamente en el ámbito autonómico, donde España tiene una posición considerablemente avanzada y muy por encima de otros Estados miembros en medidas anticorrupción gracias a la existencia de oficinas y agencias independientes con funciones de prevención e investigación de la corrupción y de protección a las personas informantes”. Por consiguiente, “la existencia de unas oficinas autonómicas anticorrupción supone la descentralización con la que debe operar el control externo especializado y las estrategias integrales de prevención en aquellos ámbitos sectoriales en los que la competencia es transferida o compartida, como se reconoce también en la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y que transpone la Directiva (UE) 2019/1937 de protección de informantes”.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes en la declaración se encuentran alarmadas ante la voluntad de cierre de estructuras e instancias de prevención y lucha contra la corrupción. “Es preocupante no solo por el significado político de esta medida, sino también por lo que dicha propuesta supone en términos del alejamiento de la política europea en esta materia”,declaran.