Visocan pone a la venta más de 700 domicilios sociales del II Plan de Vivienda de Canarias

La empresa pública de viviendas sociales de Canarias (Visocan) ha puesto en venta desde esta semana algunos de los domicilios del II Plan de Vivienda de las Islas, una promoción llevada a cabo entre los años 1992 y 1995 y que ha mantenido a cientos de propietarios en el alambre al desconocer si finalmente iban a poder acceder a los inmuebles en propiedad.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado una resolución en la que figura la decisión de Visocan de ofertar las viviendas pertenecientes a las promociones de Las Torres (102 pisos), Hostelería (61), Caserones (80), Caserones II (72), Ojos de Garza (135), Casas Nuevas (50), El Lasso P-4 (36), La Paterna (76), Tamaraceite (65) y Las Torres (44).

La empresa pública se ampara en el decreto 1/2023, de 19 de enero, por el que se establecen las medidas de acceso a la propiedad de viviendas protegidas y se regula el procedimiento para su calificación. Según esa norma, Visocan accede a vender los domicilios “al precio de referencia que tuvieran en el momento de la adjudicación”, es decir, hace más de tres décadas, cuando fueron entregadas, y no al “precio máximo legal (…) para una vivienda protegida de nueva construcción”, como había planeado en un principio la entidad.

La diferencia entre ambas consideraciones es mayúscula. De acuerdo con la primera, las familias adjudicatarias de las viviendas del II Plan de Canarias podrán hacerse con ellas en propiedad por un valor inferior a los 40.000 euros, siempre con la deducción de las cuotas abonadas del alquiler y la ayuda para la compra según la normativa vigente (50%). Sin embargo, en el segundo caso, el precio de las casas podría alcanzar los 90.000 euros, lo que habría supuesto un mazazo para los inquilinos que llevan pagando religiosamente el alquiler desde hace más de 30 años.

La decisión de Visocan está enmarcada dentro del objetivo de la empresa, según el decreto 1/2023, de permitir el acceso en propiedad de las viviendas del II Plan de Canarias. La noticia llegó a principios de este año y ha sido oficializada recientemente después de décadas de lucha de los propietarios, quienes llegaron a conformar la plataforma Viviendas Sociales en Lucha para reclamar el acceso como poseedores de los inmuebles con todas las de ley. Muchos de ellos podrán recibir ahora las escrituras de sus viviendas sin tener que desembolsar pagos extras.

Araceli Refoyo, presidenta de la organización, asegura: “Cuando comenzamos esta lucha, sabíamos que no iba a ser un camino fácil. Nos ha costado muchísimo trabajo, además de un desgaste físico y psicológico importante. Hay personas que se han quedado en el camino y no van a poder disfrutar de esta victoria, tener en su poder las ansiadas escrituras de su vivienda. Agradecer el enorme trabajo y esfuerzo de las compañeras y de todos los socios de la Plataforma que han participado de forma activa en las concentraciones”.

El camino que han recorrido Refoyo y el resto de propietarios comenzó a finales del siglo pasado, cuando fueron beneficiaron de una vivienda social, accedieron a pagar un alquiler que ha aumentado con el paso del tiempo y recibieron la promesa de que serían propietarios del domicilio “a medio plazo”, según llegó a decirles el Gobierno canario.

A partir de entonces, las palabras esgrimidas por el Ejecutivo regional han tardado más de 30 años en cumplirse y ha habido momentos en los que parecía imposible, en especial por la situación económica de Visocan, que hasta hace unos años no era la mejor y vender las viviendas suponía un “detrimento presupuestario o patrimonial” para la entidad, según el informe de una consultoría, y por las relaciones entre la empresa pública, gestionada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), y el PSOE, partido encargado de la consejería de Obras, Vivienda y Transporte en esta última legislatura.

Entre el líder de ASG, Casimiro Curbelo, y el consejero del área mencionada, Sebastián Franquis, ha habido continuas “fricciones” que podrían haber hecho de este problema una cuestión partidista. De hecho, Refoyo agradece “la valentía mostrada por Franquis, que teniendo la firme oposición de su socio (…) Curbelo fue capaz de sacar adelante el decreto 1/2023”.  Ahora, con los documentos en la mano, solo queda formalizar la entrega de las viviendas.