Álvaro Dávila asevera que su imputación esconde “evidentes razones políticas”
El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, defendió ayer su inocencia ante los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación que recoge el auto emitido el pasado 25 de noviembre por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover y apuntó a unas “evidentes razones políticas” detrás de su imputación.
En el transcurso de la rueda de prensa, en la que compareció rodeado del resto de miembros del equipo de Gobierno municipal, Dávila subrayó que se siente totalmente respaldado por su partido, Coalición Canaria, y que, desde que se dio a conocer la noticia, no se le ha pasado por la cabeza dimitir ya que tiene la “conciencia tranquila”.
En este contexto, se mostró convencido de que todas sus actuaciones “se han ajustado escrupulosamente a la Ley” y que, por tanto, ejercerá su derecho de defensa para demostrar su honorabilidad. “Bajo ningún concepto quiero que quede en entredicho mi integridad profesional y mi buen nombre”, apostilló al tiempo que recalcó que “los hechos de la imputación no constituyen ningún acto de corrupción política”.
A esto agregó que “la jueza quiere comprobar datos del informe y de las denuncias presentadas y, de ahí, la imputación, pero no estoy condenado porque no he cometido ningún delito”.
En cuanto a los hechos objeto de la imputación, arguyó que “aluden a labores fundamentales para un gobierno municipal con el único fin de dar continuidad a servicios esenciales para los ciudadanos, mientras se resolvían temas administrativos que era necesario actualizar”.
Así pues, afirmó: “Demostraré, con el respaldo documental necesario, que no son ciertos los cargos que se me imputan y que he actuado siempre conforme a la legalidad vigente”. Por tanto, “dado que confío plenamente en la Justicia, prestaré toda mi colaboración para que los hechos que aparecen recogidos en el auto puedan clarificarse convenientemente con todas las garantías procesales”, ahondó.
Dávila, que convocó a la prensa a las 18:00 horas de la tarde, indicó que “hubiera querido ofrecer esta rueda de prensa mucho más temprano pero lo cierto es que desde esta misma mañana tuve que personarme en el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna para solicitar que se me entregara un auto al que desde anoche hacían referencia los medios de comunicación pero que a mí no me había sido entregado ni notificado”.
De esta manera, detalló que “tras varias horas fotocopiando las más de 100 páginas del sumario y analizar su contenido, no he podido comparecer ante ustedes hasta ahora para ofrecerles las aclaraciones oportunas”.
El alcalde de Tacoronte comentó que “sobra destacar mi absoluto respeto por la importante labor informativa de los medios de comunicación que están en su derecho y en su deber de informar a la sociedad sobre éste y otros asuntos, pero lo que no me parece de rigor en este país es que el auto se filtre a la prensa antes de que a mí mismo me llegara notificación alguna sobre la imputación y que haya tenido que enterarme de esta manera”.
Igualmente, aclaró que “esta imputación proviene de una querella presentada ante la Fiscalía por el Partido Popular, a la que se suma otra querella por parte de la exinterventora del Ayuntamiento que la jueza ha estimado oportuno unificar en un mismo procedimiento”.
Al respecto, matizó que “ambas querellas fueron presentadas en los mismos días y a través del mismo abogado”, ante estas circunstancias sentenció: “No voy a entrar a valorar el trabajo de los compañeros de la oposición, pero lo que sí me gustaría dejar claro es que detrás de esta querella se esconden evidentes razones políticas”.
De hecho, en alusión a la querella presentada por los concejales del PP, amparada en la Cuenta General del ejercicio 2012, recordó que, en su día, fue aprobada por el Pleno Municipal y auditada por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Por último, sobre los delitos que se le imputan concretó que, en lo que atañe a los presuntos pagos indebidos al personal de la entidad local, afirmó que “se realizó a través de un decreto que fue firmado en el año 2005, es decir, ya estaba establecido cuando tomó posesión como alcalde del municipio, y era un decreto de acuerdo y ajustado a derechos según la intervención y la secretaría de aquel momento”.
Mientras, en lo tocante a los 194 reparos de intervención referidos a la Cuenta General del 2012, explicó que “al poco tiempo de llegar al ayuntamiento (11 de junio 2011), la técnico de contratación me hizo llegar 27 contratos que estaban caducados hacía años, por lo que el interventor reparaba los pagos y si no se desbloqueaba esta situación, muchas personas se iban a quedar sin atención a domicilio y tampoco se podría mantener el contrato de telefonía móvil, o el de jardines, etcétera”.
“A día de hoy, de los 27 contratos caducados hay ya 24 totalmente resueltos. Es decir, lo único que se ha ido haciendo es dejar el Ayuntamiento en perfectas condiciones administrativas sin contratos caducados”, concluyó.
