Plataforma Abolicionista Canaria: “En el tema de la abolición de la prostitución, España está en el limbo”
Este sábado 30 de julio se celebra el Día Internacional contra la Trata de Personas. Esa fue la fecha elegida en 2013 por las Naciones Unidas para celebrar una Asamblea General en la que se expondrían los resultados del Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, iniciado en 2010. Desde entonces (ya van tres años) este día está dedicado a “concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y a promocionar y proteger sus derechos”, tal y como señalan las Naciones Unidas en su resolución A/RES/68/192.
La trata afecta no solo a mujeres en todo el mundo, sino también a hombres y niños que sufren explotación laboral y sexual. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hay unos 21 millones de personas en esta situación. El mayor negocio tras las redes de explotación de personas es el sexo, la pornografía y la prostitución, que mueven unos 7.000 y 5.000 millones de euros respectivamente cada año. Ningún país está exento de la trata de personas, pero sí que existe un grupo de naciones en las que se ha apostado por la abolición de la prostitución.
El modelo abolicionista, nacido en Suecia, ya ha sido adoptado por varios países, como Islandia y Noruega. Recientemente se ha unido Francia, e Italia va camino de hacerlo. En Canarias existe desde 2015 la Plataforma Abolicionista Canaria (PAC), que aboga por la erradicación de la prostitución y por la defensa de los derechos de las mujeres y niños que sufren explotación y comercialización sexual.
En este asunto, España está en el “limbo”. Es la opinión de María Ángeles Suárez, de la PAC, quien explica que la política española a veces está a favor del abolicionismo y a veces no. Al margen de esto, relata, existe la Red de Municipios Libres de Trata. “Nuestro trabajo es conseguir que tanto Las Palmas como Santa Cruz se incorporen a ella”, explica.
“Lo que hemos estado haciendo hasta ahora son campañas en contra de la publicidad sexista, sobre todo en contra de anuncios de prostitución, en los que aparecen imágenes degradantes de la mujer”, explica María Ángeles. “Está recogido por el Instituto Canario de Igualdad que la publicidad sexista no tiene que existir en los medios y, sin embargo, vemos cómo se lo pasan por el forro”, señala. Según ella, las mujeres que protagonizan estos anuncios son, en un 90%, extranjeras que han llegado a España engañadas o raptadas. Son, según explica, sometidas a abusos y torturas para que cuando lleguen a los burdeles o clubes de alterne ya estén “anestesiadas de dolor”. Ellas son, incide Suárez, “las que aparecen en los anuncios de contactos ofreciéndose por 20€. ¿Cómo un Estado puede tolerar esto?”, pregunta. La respuesta, según ella, es la “impunidad total”, y continúa preguntándose “cómo a los directores de periódicos, a los banqueros, a los políticos que tenemos no se les piden cuentas por esto”.
En su opinión, el daño que hacen estos anuncios de prostitución no se le hace solo a quienes figuran en ellos, sino a toda la sociedad, en lo que califica como “genocidio”. Para Suárez, todo esto influye en la percepción general que se tiene de las mujeres. “¿Qué se les está enseñando con esto a los niños?”, añade. “Aprenden que si una mujer no está por la labor de ofrecerse, ellos podrán comprarla o venderla”. En su opinión, la existencia de la prostitución es incompatible con la igualdad. “En una sociedad formalmente igualitaria, la prostitución es inconcebible”, sentencia.
Para Suárez, la erradicación de la prostitución no es solo una cuestión de leyes, sino de voluntad política. De hecho, el Código Penal español castiga en sus artículos 188 y 189 a los proxenetas. Sin embargo, Suárez señala que esto en la práctica no se aplica. Si se aplicara, dice, “los anuncios de contactos no existirían, los burdeles se cerrarían y las mujeres no estarían en la calle prostituyéndose”.
Sobre la ONU, Suárez califica su actitud de “cínica”, porque “ratifica protocolos y convenciones, pero a la hora de la verdad no hace nada”.
Legalización, ¿sí o no?
La PAC lo recoge claramente en su declaración de intenciones: legalización no, abolición sí. Entre los motivos para estar en contra, Suárez señala las razones dadas en 2003 por la profesora estadounidense Janice Raymond en su conocido decálogo contra las medidas de regulación tomadas por países como Holanda y Alemania: “la legalización es un regalo para los proxenetas, significa más tráfico y más trata, la legalización expandiría el negocio con una mayor demanda, supondría más prostitución, promovería la prostitución infantil, la legalización no protege a las mujeres, no promueve la mejora de la salud de las prostitutas y, por último, la legalización no aumenta la capacidad de decisión de las mujeres”, apunta Suárez.
Según la PAC, no se debe hablar de prostitutas, sino de mujeres prostituidas, ya que solo el 5% de ellas afirma hacerlo voluntariamente. “Aunque sea de manera voluntaria, no es de manera legítima”, añade Suárez, “ya que perjudica tanto a las que están dentro de la prostitución como a las que están fuera”. Esta sociedad, concluye, “lo que promueve es una falta total de ética”.
