El Supremo condena al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a pagar 119.000 euros por contaminación acústica

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en Tenerife, a pagar 119.000 euros, más intereses, a los herederos de un vecino que en su momento denunció a la corporación local por la contaminación acústica que sufrió durante años a causa de las torres de aire acondicionado instaladas por Loro Parque.

El fallo judicial supone el último capítulo de un largo proceso judicial en el que se han sucedido sentencias a favor y en contra de la empresa, de la corporación local y del denunciante. 

Tras una denuncia de Loro Parque al vecino por colocar carteles de protesta en su vivienda, la Audiencia Provincial se puso de su lado y condenó al ciudadano a pagar al zoológico 8.800 euros por atentar contra el honor de la empresa. 

Sin embargo, dentro del mismo procedimiento, el Tribunal Supremo obligó a Loro Parque a desembolsar la misma cantidad al considerar ciertas las denuncias por contaminación acústica.El procedimiento que termina ahora se centra en la adecuación del recurso de responsabilidad patrimonial por valor de 384.400, que fue rechazado por la corporación local alegando que no estaba firmado, lo que tampoco se subsanó pese al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de manera que se decretó su archivo.

El Tribunal Supremo reprocha al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Ayuntamiento que no llevara a cabo una segunda petición de rectificación de todo aquello que bajo su punto de vista era necesario presentar, y tras consultar el justificante del registro electrónico se comprobó que ya había sido firmado por esta vía.

Los hechos se remontan a 2006, cuando se construyó una piscina para la exhibición de un espectáculo de orcas. 

Para ello se edificaron tres torres de refrigeración que llegaron a producir ruidos en el interior de las viviendas por encima de lo permitido, tal y como demostraron varias mediciones acústicas llevadas a cabo durante aquellos días.

El vecino, en representación de la comunidad de propietarios, optó por presentar reclamaciones y denuncias tanto al Loro Parque como al Ayuntamiento que finalmente dieron como resultado la realización de diversas obras para disminuir los ruidos. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes, ya que los niveles seguían siendo superiores a los permitidos por la legislación.

Por ello, en julio de 2008 se llevaron a cabo nuevas mejoras en el sistema de insonorización de las torres, con lo cual logró reducir en más de 8 decibelios la contaminación acústica, según un informe pericial aportado por la empresa. 

En cuanto a los malos olores las pruebas realizadas no concluyeron de forma clara con su existencia. El fallo firme ahora se refiere a la responsabilidad que tuvo el Ayuntamiento en este asunto, mientras que uno anterior obligó al parque a pagar los mencionados 8.800 euros al ciudadano.