Privacidad ‘versus’ seguridad

Cámaras de vigilancia en espacios públicos: sí o no... Dos derechos fundamentales que deben convivir sin interferirse. Del mismo modo que la libertad de expresión limita con el derecho al honor del afectado (artículo 20 de la Constitución), la intimidad personal debe ser inviolable en el espacio que le pertenece, y los medios de protección individual o colectiva no deben invadir territorio privado, salvo casos de emergencia extrema.

Definiciones del DRAE:

1ª) Espacio vital: 1. m. Ámbito territorial que necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse.

2ª) Dominio público: 1. m. Der. Dominio de los bienes destinados al uso público…, que abarca vías urbanas, plazas, parques, jardines, zona litoral, estaciones, puertos, aeropuertos…

3ª) Privacidad: 2. f. Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.

La 1ª) contiene a las otras dos, pero no en mezcolanza descontrolada, sino que cada concepto tiene un área específica dentro del espacio vital. Parece evidente que el ámbito de la vida privada no tiene nada que ver con el dominio público de uso colectivo, donde el sentido de privacidad no cabe por tratarse de espacios libres, abiertos y concurridos, incluida la posible presencia de cámaras de vigilancia por motivos de seguridad ciudadana.

La legitimidad de los comportamientos íntimos está limitada a la discreción de cuatro paredes convencionales que, a su vez, protegen de cualquier irrupción externa que atente contra dicho derecho individual. Pero si algún supuesto acto de libertad absoluta se desarrollase al aire libre, a la vista de todos, podría ser motivo de escándalo público y objeto de posible sanción. Igual caso que la comisión de un delito, acción de vandalismo callejero o eventual episodio de trapicheo, cuya detección e investigación posterior se vería facilitada por las cámaras debidamente instaladas en espacio público, sin perjuicio del derecho a la intimidad, que debiera estar ubicada en otro escenario bien definido y ajeno al territorio compartido con el resto de habitantes.

La contraindicación más reseñable es la desconfianza por el posible uso fraudulento, oficial u oficioso que las autoridades responsables pudieran hacer de las grabaciones con fines que no fueran los legalmente prescritos.

No es juicio temerario ni sospecha baldía, pues hay antecedentes al respecto mucho más graves, si cabe, que la simple indiscreción mediática.

Por ejemplo: en la caja negra de los aviones quedan grabados los datos del vuelo, la comunicación con los controles y las conversaciones particulares de los pilotos en cabina, para, en caso de accidente, obtener todos los datos posibles en una investigación que permita dilucidar responsabilidades y corregir los motivos que provocaron el desastre.

Son profesionales que sacrifican una parte de su derecho a la privacidad en nombre de la seguridad. Pero, en teoría, dicha cesión lo es a cambio de la garantía de que los datos obtenidos no pueden salir del ámbito estricto de la investigación del accidente, al mismo nivel o superior que un secreto de sumario.

Por desgracia, dicha protección no existe, pues siempre asistimos con desolación a ostentosas filtraciones interesadas que vulneran impunemente secretos oficiales que, en el caso de la aviación, afectan a la seguridad aérea, y por lo tanto, a la vida de las personas. Sería terrible que los pilotos, ante la indefensión de sus derechos, decidieran rescindir el dispendio de ser grabados.

Otro inconveniente planteado contra las cámaras ciudadanas es la fuerte oposición de algunos responsables políticos, que se niegan en redondo so pretexto de un ficticio atentado contra la intimidad personal. Demostrada razonada y razonablemente la compatibilidad, sin solaparse, de los espacios públicos y privados, quienes se oponen con tanto énfasis parecen retratarse como si tuvieran algo que ocultar en público. Tan sencillo como disfrutar de lo suyo donde deben, y poder andar con la cabeza bien alta allá donde todo el mundo puede verlos.

Tampoco es aceptable que la firmeza de decisiones políticas esté afectada por el cálculo sobre el número de votos presentes y futuros, o que haga temblar las patas de la poltrona.