El gasto “irregular” del Gobierno de CC y PSOE solo en el Cabildo de Tenerife alcanzó los 215 millones en 2016
El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife considera “escandaloso y preocupante” que, según el área de Intervención General, el “gasto irregular” del equipo de gobierno que preside el nacionalista Carlos Alonso fuera de 215,2 millones de euros solo en el Cabildo para el ejercicio 2016, sin contabilizar los organismos autónomos y las empresas bajo su control.
Así lo asegura la consejera de ese partido Mila Hormiga, tras analizar el informe de reparos y anomalías detectados por la Intervención General y otras actuaciones de control interno respecto a ese ejercicio económico.
Según ese informe oficial, en 2016 el Gobierno insular de CC-PSOE gastó de forma irregular 215,2 millones de euros en el Cabildo y otros tantos millones en los organismos autónomos adscritos a esa Administración pública, hasta llegar en torno a 300 millones, según diversas fuentas. “Ese informe no incluye el análisis de dinero público desembolsado al margen de la legalidad desde la oscura trama de sociedades y fundaciones dependientes de ese mismo Cabildo, lo que permite prever que el cómputo total de gasto irregular de la Administración insular tinerfeña sea aún mayor”, advierte Podemos en una nota de prensa.
La consejera de Podemos resalta que, aunque entre 2015 y 2016 hubo un descenso en el número de advertencias de gasto irregular (20 menos), este ha aumentado su cuantía total de dinero público gastado con reparos de legalidad de la Intervención: de 262,9 millones gastados de forma irregular en el Cabildo (204 millones) y en sus cuatro organismos autónomos durante 2015, se pasa a cerca de 300 millones de euros en 2016, según cálculo estimativos conocido por Tenerife Ahora.
En cuanto al tipo de anomalías detectadas por la Intervención en el gasto de 2016, la nota detalla que la mayoría de los reparos económicos del gasto realizado en el Cabildo (sin entrar en los organismos autónomos) fueron formulados “por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”. Esta irregularidad guarda relación principalmente con contrataciones administrativas, encomiendas de gestión, convenios de colaboración y subvenciones.
Los motivos de la discrepancia
En cuanto a los motivos concretos de la discrepancia sobre legalidad del gasto producida entre el área de Intervención y el equipo de gobierno, Hormiga subraya que el órgano de fiscalización económica insular destaca “por su reiteración” la adopción de resoluciones o acuerdos sin tramitar previamente el procedimiento legalmente establecido, lo que “da lugar a situaciones constitutivas de vía de hecho o a la prolongación de los efectos del contrato una vez este ya ha quedado extinguido”.
Esta área económica también resalta en ese apartado “la utilización del contrato menor en sucesivas contrataciones con la misma empresa y objeto, constituyendo un fraccionamiento del objeto contractual”. Además, incide en “la falta de adecuada justificación de la existencia de causas imprevistas en las modificaciones de los contratos” y en “la utilización del régimen excepcional de la contratación de emergencia más allá de los supuestos legalmente contemplados”.
Hormiga explica que la Intervención también explicita que en la mayoría de encomiendas de gestión del Cabildo se omite la obligación legal de hacer un estudio de ingresos y costes de las obras, trabajos, servicios, suministros o actividades que se encomiendan y que, además, se suelen exceder los límites establecidos para los abonos anticipados.
La fórmula del convenio de colaboración
También denuncia que “volvemos a encontrarnos con la advertencia de que el equipo de Carlos Alonso usa la fórmula del convenio de colaboración con el objeto de eludir la contratación administrativa o la convocatoria de una subvención”. En las subvenciones tramitadas como tales, añade Hormiga, Intervención apunta de nuevo al excesivo otorgamiento de subvenciones directas “sin que se justifique la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública”.
A su vez, destaca los gastos “que bajo el concepto de representativos o protocolarios encierran verdaderas subvenciones en especie”. Hormiga agrega que el área de fiscalización económica destaca que en la subvenciones del Cabildo a menudo faltan informes preceptivos, se hacen valoraciones defectuosas que no se ajustan a los criterios establecidos en las bases de las convocatorias y falta justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos“.
Como expone la consejera Mila Hormiga, “esto es solo un esbozo del contenido de ese informe y del expediente de reparos de 2016”, y avanza que el grupo insular de Podemos está estudiando la relación detallada de todos los reparos “para tomar las medidas oportunas y dar transparencia a este escándalo”.
