Podemos alerta de que “algo no huele bien” en las compras del Gobierno canario y del Cabildo a Plasencia en Santa Cruz

La responsable de Sanidad en Podemos Canarias y consejera en el Cabildo de Tenerife, Mila Hormiga, que además representa al partido morado dentro del IASS (Instituto de Atención Social y Sociosanitaria), se abstuvo durante la votación del expediente de compra de un edificio situado en Santa Cruz por valor de 29 millones de euros porque el documento oficial que supuestamente avala esa operación se presentó el mismo día de la votación.

Hormiga aseguró este miércoles en una nota de prensa que “votamos de forma discrepante porque el expediente te lo entregan en el mismo momento de decidir en el consejo rector del IASS; por ello, lo coherente era no pronunciarse y quedar vigilantes ante el interés general”. En cambio, tanto el PP como el PSOE han dado “un sí irresponsable porque ni siquiera han comprobado las disposiciones del expediente”, añadió la consejera insular.

La adquisición pública de mencionado inmueble (el IASS es un organismo autónomo del Cabildo de Tenerife) afecta a un edificio en el que la entidad insular tendrá que invertir seis millones de euros porque no está adecuado al uso que se le quiere dar (se paga por la propiedad 23 millones y seis es el coste de la adaptación a espacio de uso sociosanitario). El inmueble tiene 13 plantas para oficinas y el objetivo es que estas sirvan, tras la reforma, para uso sociosanitario.

Ante esto, Mila Hormiga plantea que “lo que se tendría que haber hecho es buscar un centro con características específicas y de fácil adaptación”, y esto además había que hacerlo “dentro del plan de infraestructuras del Gobierno de Canarias; por eso, nos ha chirriado tanto que quisieran proceder tan rápido”, argumentó Hormiga.

Según la misma fuente, el Cabildo de Tenerife ha querido aprobar el expediente antes del 31 de diciembre. “¿Y tanta prisa ahora, después de haber tenido tres años para encontrar un edificio de esas características? Y el presidente del Cabildo dice que no había otra alternativa. Algo no huele nada bien” en este proceso, opinó la consejera insular.

Hormiga recordó que la parcela para aparcamientos situada junto al Hospital Universitario de la Candelaria también se iba a comprar en el momento en que Jesús Morera (PSOE) era consejero de Sanidad (en el pacto CC-PSOE del Gobierno de Canarias roto tras año y medio en esta legislatura), entonces por un valor máximo de tres millones de euros: “¿Y ahora se tasa en 5,5 millones de euros? Exigimos saber por qué”, reprochó la responsable política.

Podemos además denuncia que “el mismo empresario, Antonio Plasencia, vaya a llevarse por un lado 5,5 millones de euros, con la venta de un terreno al Gobierno de Canarias, y por otro 23 millones, con la venta del edificio situado enfrente del Auditorio Adán Martín. ”Este señor se va a embolsar gracias a Coalición Canaria 30 millones de euros justo cinco meses antes de las elecciones. Además, ese dinero le viene muy bien para pagar las multas millonarias que tiene con la Justicia por sus delitos medioambientales contra nuestra tierra“ (en alusión a la sentencia firme del caso Áridos y al fallo recurrido ante el Tribunal Supremo por el caso Las Teresitas), comentó Hormiga.

La responsable de Sanidad en Podemos Canarias aludió a que “el señor Plasencia ya fue condenado por la Justicia por los casos de Las Teresitas y de las extracciones de áridos en barrancos de Güímar: ”Este señor es uno de los grandes empresarios corruptos de Canarias, tiene mucho poder en Tenerife e información privilegiada y ahora se le van a dar 30 millones de euros de fondos públicos“.

“Coalición Canaria se está guardando las crías, con su gente de Sanidad en el Gobierno por un lado y con su presidente del Cabildo de Tenerife por otro. Unos compran el solar del hospital de la Candelaria y los otros un edificio de 23 millones de euros, en el mismo momento. Son dos transacciones que benefician a la misma persona, que además ha sido condenada por maltratar nuestro medio ambiente”. A continuación, se pregunta la consejera insular: “¿Eso es para liquidez por la multa que tiene por lo ocurrido en los barrancos de Güímar?”.