La presidenta del Cabildo de Tenerife pide estudios sobre la capacidad de carga en Canarias

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este lunes que va a defender en la Conferencia de Presidentes de cabildos que se celebra este martes en el Parlamento la elaboración de estudios sobre la capacidad de cargas o la aplicación de medida para sacar al mercado las viviendas vacías.

En una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno ha indicado que esta cumbre marcará “un antes y un después” en el análisis del “reto demográfico” en el archipiélago pues se produce en un “momento trascendental” donde la población no percibe que la riqueza que se genera en Canarias le ayuda a mejorar su calidad de vida.

En el caso concreto de Tenerife ha apuntado que la isla tiene crecimiento vegetativo negativo pero es la que más crece desde el punto de vista demográfico debido a la llegada de población foránea.

Por ello ha indicado que hacen falta políticas relacionadas con la población porque el crecimiento es “desigual” en las islas, incluso dentro de una misma, y ha defendido el “paso” que ha dado el Cabildo para empezar a cobrar a partir de enero por el acceso de los turistas a los espacios naturales, en paralelo a estudios para calcular la capacidad de carga de los parajes.

En ese sentido ha dicho también que hay que estudiar todas las herramientas fiscales o de ordenación del territorio para proteger los espacios naturales e impulsar la colaboración entre administraciones.

Dávila ha indicado que el Cabildo de Tenerife va “con la tarea hecha” a la conferencia de presidentes con el cobro por el acceso a los espacios naturales pero deja claro que hay ir “más allá” y garantizar un nivel adecuado de prestación de servicios.

“Crecimiento no es igual a desarrollo”, ha explicado, y por ello, ha anunciado que se va a trabajar con la Universidad de La Laguna para resolver la “compleja ecuación” de que Canarias forma parte de la UE, donde hay libre tránsito de personas, y por otra parte, es un territorio “limitado”.

Ese debate, ha comentado, no puede ser “cortoplacista” pues se va a extender a lo largo de varias legislaturas.

En el caso concreto de la vivienda ha cifrado en 90.000 las que están vacías en la isla de tal forma que si se lograran poner en el mercado al menos 10.000, sería una “revolución” para que jóvenes y familias vulnerables pudieran tener acceso.

La presidenta ha comentado que hace falta más “seguridad jurídica” para los propietarios, algo que en su opinión no ofrece la ley estatal, al tiempo que ha puesto sobre la mesa mejorar las deducciones en el IRPF autonómico o vía IGIC para movilizar el parque.

CC, contra la moratoria, la ecotasa y medidas para controlar el crecimiento turístico

Cabe recordar que Coalición Canaria, partido al que pertenece Rosa Dávila, votó la semana pasada en el Parlamento regional en contra de seis medidas incluidas en una moción presentada por NC-BC para promover de forma urgente medidas legislativas de política turística y urbanística para limitar el crecimiento turístico condicionado a las realidades insulares y a la existencia de servicios públicos.

En otra propuesta rechazada se manifestaba el rechazo al efecto llamada generado por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la regulación del alquiler de viviendas para uso turístico, “provocando un incremento exponencial de las solicitudes para ejercer esta actividad”.

Ante esta situación se instaba al Gobierno de Canarias a implantar una moratoria urgente de autorizaciones para las viviendas vacacionales por decreto ley hasta que se apruebe el proyecto de ley de vivienda vacacional.

También se ha rechazado establecer, a través de un proyecto de ley, una ecotasa turística destinada preferentemente a promover la mejora y rehabilitación de las infraestructuras públicas en las ciudades turísticas junto con la preservación de los espacios y recursos naturales y al mantenimiento del paisaje agrario, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales y sociales de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Se ha rechazado asimismo instar al gobierno regional a que priorice e impulse los procesos de rehabilitación de las ciudades turísticas, la modernización y renovación de la planta alojativa, la diversificación y cualificación de la oferta complementaria, la descarbonización y digitalización, la permanente formación del personal y la mejora de las retribuciones y de las condiciones de trabajo en el sector, implicándose activamente en los procesos de negociación colectiva.

Otra propuesta rechazada ha sido instar a que, en el camino hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental de las islas, se impulse la economía circular como estrategia de progreso que permita impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y estimular la innovación, contribuyendo a lograr un tejido productivo sostenible, descarbonizado y que haga un uso eficiente de los recursos.

Y en la quinta propuesta rechazada se instaba al Gobierno de Canarias a estudiar las posibilidades legales de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes que las usan con fines especulativos y que elevan los precios para los residentes, al amparo de las especificidades que permite el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.