El triángulo de Las Teresitas, con Zerolo en uno de sus vértices, se repite en la operación Plasencia
El nuevo negocio urbanístico que tiene entre manos el empresario Antonio Plasencia, condenado por la trama de Las Teresitas y por la extracción ilegal de áridos en Güímar, puso su primera piedra tres años después de que se cerrara, por algo más de 50 millones de euros, la compraventa corrupta del frente de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife.
El 20 de julio de 2004, el Ayuntamiento capitalino publicó el anunció de la venta de la parcela que en la actualidad ocupa el edificio que pretende adquirir el Cabildo insular por 23 millones de euros para ubicar un centro sociosanitario. Hasta esa fecha, los terrenos, ubicados en una de las zonas de expansión urbanística más importantes del municipio, eran de titularidad pública, pero el Consistorio que dirigía por entonces Miguel Zerolo (Coalición Canaria) decidió desprenderse de la parcela mediante una subasta. La empresa Carlacand SL, propiedad de Carlos Plasencia, hijo del también expresidente de la patronal de la construcción, se hizo con la puja por 13 millones.
Carlos Plasencia también fue investigado y se sentó en el banquillo de los acusados durante el macrojuicio de Las Teresitas, aunque finalmente fue absuelto porque su participación se limitó a la firma del convenio en representación de la sociedad que constituyeron su padre e Ignacio González para llevar a cabo la compraventa del frente de playa, por la obtuvieron unas plusvalías superiores a los 40 millones de euros. Tres años después de la operación, pero con los mismos protagonistas en el Ayuntamiento capitalino (los condenados Miguel Zerolo y Manuel Parejo seguían al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Urbanismo, respectivamente), el Consistorio decidió enajenar varias parcelas de titularidad municipal, entre las que se encontraba la ocupada en la actualidad por el edificio que se ha propuesto adquirir el Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS), dependiente del Cabildo.
La empresa Carlacand SL, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), salió vencedora de la subasta con una oferta de 13 millones y 100 euros, una cuantía muy cercana al precio de partida. La parcela en cuestión tiene un uso terciario de oficinas, y comercial en planta baja. Con esa perspectiva, la empresa Promotora Puntalarga, propiedad de Antonio Plasencia y condenada de forma solidaria en el caso Las Teresitas, promovió la construcción de un edificio de 13 plantas de altura sobre rasante y otras tres de sótano. El inmueble se terminó de construir en 2012 y desde entonces ha formado parte del paisaje de la capital tinerfeña, junto a las dos torres y el Auditorio Adán Martín, pese a que nunca se ha utilizado y el entorno se encuentra en un estado de deterioro importante.
Tras comprar una parcela pública en plena milla de oro de Santa Cruz de Tenerife por 13 millones de euros, y seis años después de terminar un edificio de oficinas al que no habían conseguido dar uso, la familia Plasencia vuelve a tener al alcance de sus manos un pelotazo urbanístico amparado con dinero de las administraciones, en este caso del Cabildo de Tenerife.
Según consta en la propuesta para iniciar el expediente de compra, que se aprobó en el Consejo de Administración del IASS con los votos favorables del PSOE y CC, “tras varias conversaciones, habiendo tenido conocimiento de la existencia de un edificio que podría reunir las características necesarias, la entidad Carcaland SL, propietaria del mismo” presentó por registro de entrada en octubre de 2018 una oferta para vender el inmueble.
En la propuesta realizada por el hijo de Antonio Plasencia se establecía como condición un primer pago de 23 millones de euros por la adquisición del edificio y un abono posterior de 6,1 millones para la ejecución de las obras de adaptación del inmueble al uso sociosanitario que pretende darle el Cabildo. La oferta de la empresa Carlacand SL se produjo después de que el IASS llevase casi dos años en busca de una solución a la necesidad de reubicar a los pacientes del Hospital Febles Campos y de la Residencia de Mayores de Ofra, cuyas sedes serán rehabilitadas desde cero ante el deterioro actual de las instalaciones.
El Cabildo de Tenerife descartó desde un inicio la posibilidad de llevar a cabo por cuenta propia la construcción de un nuevo edificio, por lo que optó como medida temporal para realojar a los pacientes afectados la opción de comprar un inmueble a un tercero. En el camino se eligió como primera alternativa el centro sociosanitario Mirador de Ifara, cuya operación suponía un coste menor total que la compra del edificio de Plasencia (24 millones de euros pedía el propietario) pero con un precio por metro cuadrado superior (2.637 euros frente a 1.712 euros). La falta de acuerdo abrió la búsqueda de otras alternativas.
Una tasación en ocho días
Fue en ese momento cuando se cruzó en el camino del IASS la familia Plasencia, que llevaba seis años con un edificio colgado en pleno centro de la capital tinerfeña. Para certificar el precio de la oferta, tras recibir la propuesta de Carlacand SL, el organismo dependiente del Cabildo de Tenerife adjudicó el 10 de octubre una tasación externa a la empresa Tinsa, que fue presentada solo ocho días después. La valoración de la entidad fijó el precio del inmueble en 23,3 millones de euros.
La cifra es muy similar a la oferta realizada por la empresa de Carlos Plasencia, que propuso la compra del inmueble en 23 millones, a los que hay que sumar algo más de seis millones para la adaptación del edificio. Con la tasación de Tinsa en la mano, el IASS aceleró todo el expediente para su aprobación en el Consejo de Administración, aunque previamente, el 19 de diciembre de 2018, la operación recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno del Cabildo.
Tinsa es una de las empresas que tasó el frente de playa de Las Teresitas y cuyo informe fue decisivo para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se decidiera a fijar el precio de la compraventa en más de 50 millones de euros, casi el triple del valor real, como ha quedado acreditado en la sentencia de la Audiencia Provincial. Los magistrados que juzgaron el pelotazo dan como hechos probados que la tasación se hizo a medida del interés de los vendedores, Ignacio González y el propio Antonio Plasencia. En el fallo judicial se llega a acusar a los peritos de la empresa tasadora de faltar a la verdad u ocultar datos trascendentes durante la celebración del juicio.
Con la decisión del Cabildo de Tenerife, la empresa Carlacand SL se garantiza así un negocio redondo. En 2004 compró un suelo público en la conocida como milla de oro de la capital tinerfeña por 13 millones de euros, donde levantó un edificio al que no había conseguido sacar rentabilidad desde que se finalizó su construcción en 2012. Seis años después, consigue el compromiso del IASS para comprar el inmueble por 23 millones de euros, y además se garantiza la adjudicación directa de la reforma por algo más de seis millones sin concurso público de por medio.
En la propuesta se justifica que no se acuda a un procedimiento abierto para comprar el inmueble, tal y como establece la legislación vigente, en base a la excepción que permite la adquisición directa por la peculiaridad e idoneidad de la situación. Sobre la adjudicación a dedo de la obra de adaptación a los dueños del edificio, tal y como se exige en la oferta de la empresa, no se hace referencia alguna en el documento aprobado por el Consejo de Administración del organismo dependiente del Cabildo de Tenerife. El inicio del expediente de compra está avalado por informes del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS y de la Unidad de Atención a la Dependencia.
