El Cabildo de Tenerife encargó a la misma tasadora de Las Teresitas valorar el edificio de Plasencia, que atinó con el precio

La valoración del edificio de una empresa de Antonio Plasencia que va a adquirir el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) en Cabo Llanos, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para reubicar a 270 pacientes del hospital Febles Campos, no presentó discrepancias entre el vendedor y el Cabildo de Tenerife, controlado en esta área por Coalición Canaria (CC). La tasación realizada por la empresa Tinsa (la misma que infló el precio de las parcelas de Las Teresitas) asciende a 23,3 millones de euros, mientras que la oferta que efectuó el empresario, 23 millones justos, apenas se diferencia en 319.373 euros. El empresario propietario del inmueble la hizo un poco antes.

Todo fue muy rápido. En la propuesta de acuerdo que finalmente salió adelante el pasado 28 de diciembre en el consejo rector del IASS (donde está presente la oposición en el Cabildo de Tenerife y se abstuvo Podemos), consta que “en octubre” de 2018 el empresario, con el que se habían mantenido “varias conversaciones”, formula su oferta, de 23 millones redondos por el inmueble ya construido, más otros 6,1 millones adicionales para adecuar el edificio de oficinas al uso sociosanitario pretendido, obras para las que ya incluso presenta un anteproyecto realizado por un estudio de arquitectura.

Ese mismo mes, y con fecha de 3 de octubre, un informe técnico de este organismo autónomo propuso iniciar el procedimiento de contratación de una tasación, primando el criterio del “menor plazo de entrega posible”. Y en efecto se pidieron presupuestos de honorarios a empresas del sector, pero se eligió a Tinsa, que el día 18 siguiente ya entregó al IASS la tasación del edificio de Plasencia: 23.319.373 euros. Es decir, todo el procedimiento en apenas 15 días.

La empresa propietaria del inmueble, situado enfrente al Auditorio y en plena milla de oro de la capital tinerfeña, es Carlacand, de la familia Plasencia. De hecho, en la propuesta de acuerdo que se llevó al consejo del IASS figura como representante de la propiedad Carlos Antonio Plasencia Romero, hijo del empresario Antonio Plasencia, este exculpado en el caso Las Teresitas, mientras que su padre está doblemente condenado por esa causa (el Ayuntamiento está a la espera de que la sentencia que anula la compraventa sea firme para reclamarle 52 millones de euros más los intereses) y el caso Áridos de Güímar (por el que ya tiene que afrontar una responsabilidad patrimonial curiosamente por la misma cantidad, 52 millones). El PSOE, socio de gobierno de CC en el Cabildo tinerfeño, ha dicho que desconocía que este edificio fuera de ese empresario.

El asunto saltó a la opinión pública el día 29, tras aprobarse en el consejo rector del IASS el día 28 el inicio del expediente para adquirir el inmueble y divulgar el acuerdo en nota de prensa el propio presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC). En esa reunión, Podemos fue la única voz discrepante, con abstención. Tras publicar Tenerife Ahora, que el edificio era de una empresa de Plasencia, el PSOE ha mostrado sus dudas sobre el expediente.

Sin embargo, hay que destacar que en la propuesta que se acordó en el IASS se detalla que el Consejo de Gobierno insular- formado por los consejeros de CC y PSOE-, en reunión celebrada el 19 de diciembre anterior, ya había manifestado su “conformidad” a esta compraventa, ya que así lo exige la normativa que rige el presupuesto del Cabildo.

Se da la circunstancia de que para el precio de 6,1 millones ofertado por Carlacand por adecuar el edificio a su uso posterior sociosanitario, al IASS le bastó el presupuesto presentada por esta constructora, tras “validarlo” el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento de este organismo autónomo, al concluir que es “un coste bastante inferior a los valores de mercado que se obtuvieron ya desde el inicio de la búsqueda de inmuebles disponibles. Entonces se fijó en 2.035 euros el metro cuadrado”, frente a los 1.783 ofrecido por la empresa de Plasencia.

En cambio, para la obra ya construida, el grueso de la operación (23 millones, que se pagarán de una tacada) no figura en el expediente una tasación propia de los técnicos del IASS, sino un “informe técnico” del citado servicio, con la “validación del informe de tasación” encargado a Tinsa.

De ese informe, en la propuesta de acuerdo que firma Juana María Reyes, presidenta del IASS, se indica que “respecto al valor total de la compraventa resulta relevante destacar la enorme dificultad de contar con alternativas [de edificios] que cumplan las solicitaciones necesarias, lo que complica la valoración comparativa de inmuebles similares que pueda establecer precios de referencia para un centro de estas características”. Aun así, sostiene que el precio -de tasación y el ofertado- es “ ajustado al precio de mercado”.

Por ello, la única comparativa para calibrar el precio pagado se hace con una residencia de ancianos que el IASS había intentado comprar en Ifara (también en Santa Cruz), con una tasación (cuya autoría no se detalla en la propuesta) de 18,5 millones, pero ofertada en 24 millones, por 9.900 metros cuadrados (a razón de 2.637 euros el metro cuadrado), con 250 plazas residenciales. Se contraponen estos guarismos a los del edificio de Plasencia: tasado en 23,3 millones, ofrecido por 23 millones, por 17.005 metros cuadrados ( a razón de 1.712 euros  el metro cuadrado) y con capacidad para 272 plazas.

Tinsa y  Plasencia, como en el caso Las Teresitas

Tinsa y  Plasencia, como en el caso Las TeresitasViene al caso recordar que la empresa Tinsa -vinculada entonces a CajaCanarias- jugó un papel determinante en el caso Las Teresitas,  y como puede comprobarse en la sentencia condenatoria que dictó la Audiencia Provincial en 2017, por la compra que el Ayuntamiento capitalino, cuando lo presidía Miguel Zerolo (CC), efectuó de los terrenos del frente de playa a este mismo empresario, Antonio Plasencia, y a su socio en Inversiones Las Teresitas SL (ILT), Ignacio González (ambos resultaron condenados). El fallo está pendiente de ser firme tras el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por los condenados.

En dicha resolución judicial se dio por probado que la valoración de Tinsa para el frente de playa realizada para Cajacanarias “en realidad” se trataba de una tasación que había sido emitida antes por cuenta de ILT“, con ”hipótesis de valoración que fueron modificadas sin justificación“, por lo que su valoración ”no cumplía los requisitos condicionantes de los terrenos, una constante en el curso de los hechos y, en particular, en la actuación“ de esta empresa tasadora.