Una asociación de abogados lamenta el “desconocimiento” de la normas sobre protección animal del concejal de Santa Cruz Guillermo Díaz Guerra

La Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente (Red Cabama) ha dirigido un escrito al alcalde Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, en el que manifiesta el “malestar” de estos juristas por lo que consideran un evidente “desconocimiento” de las normativas vigentes en materia de protección de animales por parte de su primer teniente de alcalde y concejal de las áreas de Bienestar Comunitario, Servicios Públicos y Sanidad, Guillermo Díaz Guerra, del Partido Popular.

Díaz Guerra se había manifestado en una reunión el 8 de septiembre contrario a la presencia de gatos callejeros en la capital tinerfeña, que calificó de “plaga”, y habló de sacrificar a los mismos, entre otras expresiones que generaron polémica, una vez difundida la grabación de las mismas por parte de este medio digital. Con posterioridad, el máximo representante del Partido Popular en el Consistorio municipal, pidió disculpas por esas declaraciones y matizó su posicionamiento a favor de la recogida y traslado al albergue de estos animales.

En todo caso, el colectivo de abogados animalistas señala que “además de mostrar nuestro malestar por referirse de esa manera a los gatos, hemos expresado nuestro parecer rebatiendo sus afirmaciones y le hemos manifestado que los gatos ferales no son plaga y que están protegidos por leyes estatales autonómicas y administrativas además de ser delito su maltrato y envenenamiento”.

Insiste la organización Red Cabama en que a las colonias felinas “la legislación actual les considera como seres vivos y que diversos juzgados de lo contencioso administrativo han protegido las colonias durante el confinamiento por COVID”, salvaguarda que ha permitido incluso su alimentación, “obligando a los ayuntamientos a conceder las credenciales a cuidadores y además declarando como actividad esencial el trabajo de los voluntarios con las colonias.

En este sentido, si bien el Código Civil no les otorga esa protección como seres vivos, el artículo 337.1 del Código Penal establece que “será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado; un animal de los que habitualmente están domesticados; un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Esta asociación de abogados subraya que el CER (protocolo ético de tratamiento de los animales que aboga por la captura, esterilización y retorno) “es el método más efectivo, ético y compasivo para controlar la población de gatos en las colonias, algo de ya conocen porque el propio Ayuntamiento encargó un estudio en el año 2006 y les decía exactamente esto”.

Abunda el colectivo en su escrito sobre otros aspectos que desautorizan la posición defendida por el concejal Díaz Guerra, tales como “que la responsabilidad de los animales callejeros y vagabundos que transitan por el municipio son competencia de las administraciones locales, en virtud de las competencias que le asignan las leyes actuales”. El cuidado de estos animales por parte de un ciudadano, apostilla la Red Cabama, “no le convierte en el tenedor o poseedor” de los mismos. Además, “los cuidadores no hacen uso privativo de la vía pública porque no se ajusta a lo regulado en La Ley de Patrimonio, además de que el propio Ministerio de Sanidad avala la alimentación de las colonias ferales”.

En el caso del colindante municipio de La Laguna, su grupo de gobierno acordó recientemente desplegar una campaña para controlar las colonias de gatos laguneros, en la cual los felinos serán capturados, esterilizados y devueltos al grupo de origen.

El propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó en septiembre de 2018, cuando el alcalde era asimismo el actual regidor, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destinar 15.000 euros para una iniciativa similar a la acordada en La Laguna y demandada por los animalistas, esto es, la esterilización de todos los gatos que se encuentren en las colonias de la capital insular, sin responsabilidad patrimonial a los responsables de las colonias de gatos, “ya que esta será cubierta por el seguro del propio Ayuntamiento”, en palabras de Bermúdez por aquellas fechas.