El complejo turístico de 3.000 camas previsto en Arico incluía un campo de golf que suprimió el Cabildo

Espacio en que se producirá la intervención urbanística, en las inmediaciones del faro del Porís y entre este núcleo y el de Abades

Vicente Pérez

Santa Cruz de Tenerife —

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El gran complejo turístico previsto en Punta de Abona, al sur de Tenerife, cuya evaluación ambiental se halla en exposición pública, ha experimentado cambios durante el trámite de tres años seguido en el Cabildo de Tenerife. Estos, según el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez (PSOE), reducen el impacto ambiental que hubiera tenido esa inversión de 370 millones de euros en cuatro hoteles de 3.000 camas de llevarse a cabo conforme a lo que preveían las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Arico.

El consejero insular destaca las mejoras que, desde su punto de vista, tendrá la ordenación de ese ámbito de unos 1,7 millones de metros cuadrados, la mayor parte de los cuales quedarán como rústicos y en el que además existe un conflicto judicial que resolver, ya que hay un choque de intereses entre una empresa grancanaria que quiere promover un parque eólico en la misma parcela que se ha previsto con uso turístico, coexistencia que, según precisa el consejero, “legalmente no es posible”.

Los cambios más importantes que ha llevado a cabo el Cabildo respecto a lo previsto inicialmente se resumen de la siguiente manera: se ha eliminado la previsión de un gran campo de golf (se hará en su lugar un parque recreativo); de los hoteles en primera línea de playa (los cuatro previstos se harán junto a la autopista del sur, dejando libre la costa); se ha evitado, al menos de momento, la demolición del sanatorio-leprosería (obras inacabadas hace 80 años y con posibles valores de patrimonio histórico), y se repoblarán y replantarán en ese mismo paraje 67 hectáreas de tabaibal dulce para compensar otras tantas de esta vegetación que serán desbrozadas durante la ejecución del proyecto.

Pérez explica que el documento fue presentado hace tres años años en el Cabildo por inversores italianos, y la Administración insular decidió, con la anterior legislación del territorio (todavía no estaba en vigor la Ley del Suelo), solicitar la suspensión del planeamiento general de Arico en ese ámbito, para hacer una nueva ordenación, cuya evaluación ambiental es la que se halla en información pública.

Cambios para reducir los impactos ambientales

“Partíamos de la realidad existente, unas normas subsidiarias que preveían otra cosa, y se han hecho unos cambios que reducen los impactos ambientales, en un paraje que tenía ya zonas muy deterioradas, pues se hacían hasta maniobras militares; de modo que los hoteles son la condición para regenerar este paraje”, sostiene el consejero.

Enfatiza la predisposición de los inversores a que la superficie final de tabaibal dulce sea igual o incluso mayor que la de ahora, cuando se ejecuten todos los proyectos, e incluso a preservar edificaciones del sanatorio, “porque el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo así lo ha indicado en un informe, y ahora lo que queda es buscarle un uso que justifique su rehabilitación”.

En este aspecto, Pérez recuerda que la que iba a ser leprosería, posteriormente utilizada durante años por el Ejército, se construyó en los años 40 del pasado siglo con diseño de un arquitecto de gran prestigio, José Enrique Marrero Regalado, cuya mano se nota en la calidad de algunas edificaciones, entre ellas la iglesia, y en el trazado urbano del conjunto que forma ese sanatario nunca acabado ni utilizado como tal.

Pone de relieve el responsable de Política Territorial que los hoteles “no tendrán impacto visual, por su baja altura y ubicación próxima a la autopista, ya no en la primera línea de costa, que se regeneará y dispondrá de un paseo marítimo desde el faro a la Punta de Abona.

Tal como ya informó este diario, esta inversión, declarada estratégica por el Gobierno canario en 2016, para acortar a la mitad los plazos de trámites burocráticos, superará los 363 millones de euros (con unos 300 para la construcción de los hoteles) y está promovida por la sociedad mercantil Playa de Arico, controlada por la familia Giacomini y de la que aparece como representante en el documento Alessandro Cortesi. Empleará a unas 1.600 personas, de las que 1.493 formarán parte de la plantilla de los hoteles.

El ámbito previsto se divide en un sector de 1,17 millones de metros cuadrados de suelo rústico de diversas categorías de protección (364.573 ambiental) y uso; otro con 608.239 urbanizables (el 34% del total del sector), de los que 370.934 son edificables, para los hoteles, todo ellos en el ámbito de Los Llanos de la Punta.

También se prevén 54.331 metros cuadrados para un parque público y una plaza en la zona más próxima al núcleo habitado hoy en día; 14.000 metros cuadrados para   equipamientos docentes, sanitarios, de seguridad ciudadana y deportivos; 11.801 para un viario (que se plantea sobre el trazado de un camino de tierra existente, con conexiones a la carretera El Porís-La Punta y a la avenida Ocira, entre el enlace de Abades a la autopista TF-1 y el núcleo de Los Abriguitos), y otros 4.952 metros cuadrados para obras hidráulicas y de saneamiento, lo que incluye la depuradora de  aguas residuales.

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