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Las Teresitas suma y sigue: archivadas dos causas separadas contra la Junta de Compensación

Imagen de archivo de una de las vistas del juicio por el del caso Las Teresitas

Belén Molina

Santa Cruz de Tenerife —

El juicio por el caso Las Teresitas tiene varias ramificaciones y, una de ellas, el juicio contra la Junta de Compensación, que fue la que hizo posible que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia (Inversiones Las Teresitas) se hicieran con los terrenos del frente de la playa de Santa Cruz de Tenerife y sus aledaños, tenía hasta este lunes sus propias ramas, que ya han sido podadas y archivadas. Se trataba de dos juicios paralelos planteados por dos vecinos que no se han llegado a celebrar.

Este lunes estaba previsto que comenzase en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la vista oral por la pieza separada del caso Las Teresitas. Esa pieza separada sentará en el banquillo de los acusados a quienes fueron responsables de la Junta de Compensación que en 1998 vendió los terrenos.

Esos acusados son Mauricio Hayek, abogado de la Junta de Compensación que debía asesorar a los vecinos en sus intereses y a quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión por haber hecho lo contrario y a devolución de dos millones de euros (más intereses) a los perjudicados; el expresidente de la Junta, Jerónimo Delgado; el exsecretario de la misma, Clemente Martín, y el extesorero, Álvaro Fernaud.

Aunque las acusaciones formales son por apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y falsificación de documento mercantil, en el lenguaje de la calle se trataría de un expolio, en el que decenas de vecinos, agricultores y pescadores de la zona, vieron como sus terrenos desaparecían del registro de la propiedad, o que habrían sido engañados para entregar sus tierras bajo la amenaza de una expropiación que nunca se planteó y por un precio muy inferior al que correspondería.

Sin embargo, este lunes, los acusados se sentaron en el banquillo durante apenas unos minutos. De los cerca de un centenar de vecinos que han denunciado a la Junta de Compensación, ya inexistente, un par de ellos plantearon denuncia particular, pero ambas han sido archivadas al no comparecer sus abogados, lo que podría conllevar una condena en costas.

Queda en el aire una pregunta que no se ha respondido y es si esos dos vecinos afectados ya han sido recompensados lo suficiente como para cubrir los gastos que suponen movilizar a todo un tribunal de una Audiencia Provincial y pagar los honorarios de los abogados de la defensa de los encartados, que han protestado pero que ya habrían cobrado su minuta.

La pieza principal de esta pieza separada comenzará el próximo 24 de octubre y está previsto que duré cinco días. En ella declararán los vecinos afectados por el posible expolio en lo que se conoce como Valle Las Huertas, Montaña Morera y los accionistas de la sociedad Playa Las Teresitas, en las que estaban incluidos cadenas hoteleras como Sol Meliá, a la que ya se habría indemnizado.

En 2006 hubo una primera sentencia favorable a un demandante (en esa ocasión el abogado de la acusación sí acudió), por la que se reconocieron a una familia la titularidad de los 2.500 metros de su finca, que habían pasado a la Junta de Compensación sin ver un céntimo.

Mauricio Hayek, el abogado de la Junta, tiene las cuentas embargadas desde 2008. En ese año, contaba con un patrimonio de cerca de ocho millones de euros, de los que dos millones no tienen justificación, además de cuentas en paraísos fiscales.

Cuando declaró hace unas semanas como testigo en la pieza principal del caso Las Teresitas, que se lleva a cabo en la sección sexta de la Audiencia Provincial, Hayek afirmó que recibió un pago de 300.000 euros por un informe de diez páginas que, en realidad, correspondía elaborar al propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Además, parte de esos terrenos en la playa de Las Teresitas fueron revendidos/recomprados por Inversiones Las Teresitas a Desurcic, una empresa creada entre la misma Inversiones Las Teresitas y la aseguradora Mapre, que ahora reclama un lucro cesante. El gestor de la misma es Pedro González Santiago, hijo de Ignacio González, acusado por malversación y para quien se piden cuatro años de cárcel.

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