La Laguna insta a Defensa a ajustar los espacios destinados a migrantes a la legalidad urbanística

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha remitido una carta al Ministerio de Defensa en relación a la intención del Gobierno de habilitar los acuartelamientos de Las Raíces y Las Canteras para el alojamiento de 1.450 y 1.800 personas migrantes, respectivamente, una información de la que la Corporación “solo ha tenido noticia por los medios de comunicación”.

Gutiérrez ha visitado este viernes, junto al concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, las instalaciones del acuartelamiento de Las Canteras tras haberse reunido el pasado lunes con los representantes vecinales y después de que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo examinaran las actuaciones que se están llevando a cabo en el recinto.

En su escrito remitido a la ministra Margarita Robles, el alcalde invoca el respeto a las competencias municipales y recuerda que todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento han firmado recientemente un acuerdo institucional en materia de inmigración en el que “se reafirma el compromiso del municipio como lugar abierto y de acogida”.

La propia Alcaldía, desde el mes de junio, comunicó a la Administración del Estado la disposición solidaria de La Laguna para la acogida de personas migrantes, ofreciendo diversas alternativas de alojamiento.

Además, el alcalde expresó la disposición del gobierno municipal a legitimar, utilizando un procedimiento contemplado en la Ley canaria del Suelo, que tiene naturaleza discrecional, las actuaciones previstas “en el caso de que no fueran conformes a la ordenación urbanística del municipio de La Laguna, mediante una autorización para usos y obras provisionales, siempre que se enmarque dentro un programa de acogimiento de personas migrantes basado en su distribución entre los municipios canarios, con arreglo a los mismos principios de equidad y solidaridad que vienen demandando las autoridades canarias respecto al conjunto del territorio del Reino de España y de la Unión Europea”.

La carta recuerda que el ordenamiento jurídico prevé y regula este tipo de situaciones, en las que la Administración General del Estado pueda necesitar realizar intervenciones en el territorio por razones de urgencia o excepcional interés público.

En concreto, es la propia legislación básica estatal sobre el suelo la que establece la necesidad de remitir previamente al Ayuntamiento el correspondiente proyecto para que, en el plazo de un mes, la Administración local informe sobre su conformidad o disconformidad con la ordenación urbanística en vigor.

“Por tanto, en la medida en que según lo dispuesto en los artículos 97 y 103.1 de la Constitución Española, el Gobierno y la Administración Pública deben actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, instamos a la Administración General del Estado, a que se respeten los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para legitimar la actuaciones difundidas por los medios informativos, en el caso de que efectivamente vayan a realizarse”, se recoge literalmente en este escrito.

A su vez, se recuerda que la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Canarias “prevé la posibilidad que los ayuntamientos del Archipiélago otorguen autorizaciones para usos y obras de carácter provisional no previstos en el planeamiento, tratándose en este caso de licencias de carácter no reglado”.