Podemos indaga en la posible prevaricación cometida en el casco histórico de La Laguna
El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha solicitado al equipo de gobierno integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE que informe sobre la cantidad total de licencias supuestamente irregulares concedidas a lo largo de la última década en el casco histórico de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad y Bien de Interés Cultural (BIC).
La consejera de esta formación política, Paqui Rivero, quiere saber si se confirman las informaciones y denuncias que apuntan a que miles de autorizaciones son ilegales al no haber contado con el preceptivo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. De ser así, Podemos sospecha que se estaría ante la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación del que serían responsables los responsables municipales a lo largo de los últimos diez años. Rivero, señala que, de ser ciertas estas informaciones, “estaríamos ante un problema realmente grave, tanto por el daño patrimonial causado como por las responsabilidades legales y penales derivadas”, indica.
Durante este tiempo el Ayuntamiento y el Cabildo han discrepado sobre si es de aplicación la Ley canaria que obliga a infomar a la Institución insular sobre las obras que se lleven a cabo en ese entorno o la nacional que da autonomía plena a los ayuntamientos con planes especiales aprobados. Un informe encargado por la Gerencia de Urbanismo a la Universidad de La Laguna (ULL) determina que efectivamente era preceptivo contar con la autorización para los inmuebles declarados BIC o situados en este entorno y la conformidad para los restantes. Pasos que se incumplieron en los dos supuestos.
Rivero ha pedido que en la próxima sesión de la Comisión Insular de Gobierno Abierto se incluya una punto en el orden del día para conocer cuál es la salida negociada, que según la concejal de Patrimonio de La Laguna, María Candelaria Díaz Cazorla, se está intentando alcanzar entre el Cabildo y la Corporación local para dar salida a este contencioso.
“La primera vez que nos interesamos por esta cuestión se nos contestó quitando hierro a la misma y limitando el alcance de dicha controversia y de los supuestos incumplimientos del Ayuntamiento de La Laguna”. A pesar de ese esfuerzo por minimizar el asunto, añade, “éste ha seguido saltando a los medios de comunicación una y otra vez, con datos cada vez más preocupantes sobre la magnitud de esta irregularidad que hace presuponer una importante destrucción de los valores patrimoniales que propiciaron la declaración de esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad”.
Rivero adelanta que su formación preguntará si por ejemplo, entre otros casos, el Ayuntamiento de La Laguna informó al Cabildo de Tenerife de las reformas a las que se sometió a bienes catalogados como la Casa Franco de Castilla, los conventos de Santa Catalina y Santa Clara, la plaza de la Catedral o la Casa Anchieta y su entorno de protección. De lo contrario señala que “nos tememos que, aprovechando una controversia jurídica, en este tiempo se hayan dañado de forma irreparable edificaciones de alto valor patrimonial, vulnerando la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que obliga a contar con el visto bueno del Cabildo”.
