Denuncian que dos cargos de confianza B consolidan su puesto en el Ayuntamiento de forma indefinida
El Grupo Municipal Por Tenerife (Socialistas por Tenerife-Equo) de La Laguna denunció en el último Pleno que dos de las diez personas que el Gobierno local de CC-PSOE ha venido camuflando como “cargos de confianza B” han logrado consolidar su plaza como personal laboral indefinido en el Ayuntamiento.
Se trata de asesores o gestores incorporados a lo largo de 2011 y 2012, contraviniendo el compromiso inicial de austeridad, por el procedimiento de contrato menor que les permite abonar un máximo de 18.000 euros anuales, y mediante facturas que presentan mensualmente para convertirlo en un gasto de tracto sucesivo y eludir de esta manera la fiscalización de la Intervención.
Aunque es un método que ha sido utilizado por las áreas Fiestas, Cultura, Desarro Local y Rural, Comercio, e incluso por la propia Alcaldía, las dos personas que han consolidado su puesto en el Ayuntamiento pertenecen al área de Economía, y además de readmitirlos habrá que abonarles casi 20.000 euros en concepto de salarios de tramitación. Nacho Viciana, concejal de SxTF-Equo, expone que los más de 140.000 euros que cuesta al año el “personal de confianza B” son un añadido que se debe sumar al del capítulo de gasto en personal eventual, que ronda el millón de euros.
Y también al del personal de confianza contratado en las empresas que prestan sus servicios en el municipio, como Teidagua, VVO o Urbaser, porque aunque se han negado a decirnos quiénes son y cuánto cobran, lo cierto es que el dinero con que se les paga sale del bolsillo de los laguneros cuando abonan sus facturas, en cuyo precio repercuten.
El concejal considera que esta forma de contratar personal de confianza por parte del Gobierno de CC y PSOE es fraudulenta, pues no sólo consolida una relación laboral estable disfrazándola de contrato de servicios, sino que la misma no está sujeta al régimen de incompatibilidades que rige para el resto de los trabajadores del Ayuntamiento.
En este sentido ya avisó en el Pleno del 8 de mayo de que a pesar de que el Gobierno sea incapaz de asumir ninguna responsabilidad política por esta gestión que ha conducido a la incorporación de nuevo personal de forma fraudulenta, la misma puede tener consecuencias jurídicas en el futuro.
