Santiago Pérez registra la denuncia judicial por el impedimento del alcalde y la secretaria de La Laguna para cambiar el consejo de Muvisa

El concejal de XTF-Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, en cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción de la ciudad por la actuación del alcalde José Alberto Díaz y de la secretaria Ana Begoña Merino en la junta general de Muvisa, donde impidieron que se cambiara el consejo de administración y por ello pudieron cometer prevaricación administrativa y delito societario, se asegura desde esa formación política.

Santiago Pérez explica en una nota de prensa que la presidencia y el control del consejo de administración de la empresa municipal de viviendas (Muvisa) está permitiendo al alcalde negarse reiteradamente a facilitar a los grupos políticos del Ayuntamiento la documentación justificativa de la aplicación dada a los más de 25 millones de euros aportados por las administraciones estatal, autonómica e insular para la demolición y reposición de las viviendas de Las Chumberas afectadas por aluminosis.

Es precisamente esta negativa de la alcaldía, sustrayéndose a la función de control y fiscalización, la que está en el origen de la propuesta de destitución del consejo de administración que se hizo en la citada junta, que tuvo lugar en una sesión plenaria, se relata en la misma nota de prensa.

La junta general es el órgano supremo de Muvisa y está integrada por el pleno del Ayuntamiento La Laguna cuando se constituya expresamente con tal carácter, lo que entonces había ocurrido.

El pleno acordó el pasado 10 de enero, a propuesta de la cuarta parte de sus miembros y previa declaración de urgencia y modificación del orden del día adoptada por unanimidad, constituirse en junta general.

El artículo 18 de los estatutos de Muvisa dice que los miembros del consejo de administración “podrán ser separados libremente y en cualquier momento por la junta general, incluso aunque no figure en el orden del día tal separación”.

El concejal Santiago Pérez “formuló propuesta de destituir a todos los miembros del consejo de administración y de proceder al nombramiento de un nuevo consejo. Dicha propuesta contaba con el apoyo expreso de la mayoría absoluta del pleno y, por tanto, de la junta general de Muvisa”, recuerda Santiago Pérez en su denuncia.

Sin embargo, prosigue el comunicado, “la reacción del alcalde, que ostenta la presidencia de la junta general, temeroso de que la propuesta formulada pudiera suponer la destitución del consejo de administración, incluso la del propio alcalde como presidente de la sociedad pública, fue la de impedir la votación de las propuestas efectuadas prevaliéndose de su condición de presidente de la junta general y arrogándose indebidamente las atribuciones de la alcaldía”.

“El pretexto -se añade- que utilizó, ejerciendo ilegalmente al efecto la condición y la autoridad de la alcaldía, fueron algunas manifestaciones de la secretaria general de que 'no me era posible establecer en el acto' la legalidad de la propuesta de destitución y el nombramiento del consejo de administración que están reguladas en términos inequívocos en los estatutos sociales de la entidad mercantil”, detalló el concejal Pérez.

El presidente de la junta, que es también presidente del consejo de administración, “interpretando arbitrariamente las intervenciones de la secretaria general -que no formuló advertencia de ilegalidad alguna respecto a las propuestas- en el sentido que convenía a su voluntad y era el de impedir la votación y evitar a toda costa la destitución de un consejo de administración en el que dispone de mayoría el grupo político que lo apoya (Coalición Canaria), integrado por solo siete de los 27 concejales que forman el pleno del Ayuntamiento, tomó la decisión de dejar 'el tema sobre la mesa' 'pendiente del informe y a continuación pues se tomará la decisión”.

Los hechos relatados, según sostiene XTF-NC, ponen de manifiesto la voluntad del presidente del consejo de administración de impedir, sin causa legal, desde la presidencia de la junta general, el derecho de participación en la gestión de Muvisa de los miembros que integran la junta general en representación del capital social.