Por Tenerife pide la factura del informe sobre la intervención y el préstamo del servicio de grúas en La Laguna
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Juan Luis Herrera, ha presentado sendos escritos vía Registro para tratar de averiguar el coste del informe jurídico de Francisco Villar y Francisco Clavijo sobre la intervención temporal del servicio de grúas en el municipio y la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la empresa prestataria, Autogrúas Poli SL.
El partido señala en un comunicado que Herrera ha pedido al responsable de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, copia de la factura correspondiente al servicio relacionado con el “Informe jurídico sobre determinados aspectos controvertidos de la intervención temporal por el Ayuntamiento de La Laguna del servicio municipal de grúas”, emitido por Francisco Clavijo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo, por encargo de la Concejalía de Seguridad y Movilidad.
Herrera ha solicitado a su vez a la concejala de Hacienda, Candelaria Díaz, un listado de las facturas de Alcaldía y Órganos de Gobierno y de Seguridad Ciudadana en su fase de obligaciones reconocidas netas a 31 de diciembre así como las que se encuentren contenidas en la cuenta 413 correspondientes al año 2014, especificando los campos número de factura, fecha, concepto, aplicación, importe y fase de tramitación.
“Esta es la única opción que nos va quedando, después de haber pedido en multitud de ocasiones datos sobre el costo ese informe, de dos catedráticos que no sólo han cobrado del Ayuntamiento por emitir su opinión, sino que además han sido llamados a declarar como testigos y como peritos en el juicio que se sigue por el Caso Grúas”, añade el concejal.
El portavoz adjunto de XTF-NC señala además que hay un agujero en el tiempo en lo que tiene que ver con la dación de cuenta de Decretos, pues pasaron del 9 de enero de 2014 en el Pleno de septiembre de 2015 al 6 de julio de 2015 en el siguiente Pleno de octubre.
“Es decir, hay un lapsus de más de un año y medio, enero de 2014 a julio de 2015, del que no han dado cuenta al Pleno y en el que se supone que puede estar el Decreto de encargo de ese informe jurídico externo del que de momento no tenemos noticias”, concluye Juan Luis Herrera.
