Unidos Se Puede también lleva al juzgado al Gobierno de La Laguna por la supuesta ubicación ilegal de 19 máquinas expendedoras en el espacio público

Los concejales de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna Rubens Ascanio y María José Roca, la principal fuerza de la oposición con seis miembros en el pleno, han informado de que van a trasladar una denuncia al juzgado en los próximos días en la que detallarán los datos referidos al emplazamiento ilegal de 19 máquinas expendedoras en nueve centros ciudadanos de titularidad pública, algo que se ha hecho durante 12 años.

Entre 2006 y mediados de 2018, los centros ciudadanos de El Tranvía, San Diego, Las Madres, Las Chumberas, Vistamar, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Pérez Soto dispusieron de un total de diecinueve máquinas expendedoras de bebidas y alimentos sin el más mínimo expediente abierto ni el título habilitante.

La concejala del principal grupo en la oposición lagunero señaló que en febrero de 2018 recibieron una denuncia vecinal en la que “se nos aseguraba que ninguna máquina expendedora ubicada en numerosos centros ciudadanos del municipio contaba con la más mínima autorización para su instalación”.

Roca detalló que, “tras solicitar los expedientes correspondientes y tras una importante falta de respuesta, logramos un informe técnico del área de Participación, en junio de ese mismo año, en el que se detallaba la ilegalidad” de ese servicio.

Roca recuerdó que la instalación de máquinas expendedoras sin autorización “vulnera la normativa de patrimonio de las administraciones públicas, por el uso privativo del espacio público, y de contratación porque no ha habido posibilidad de optar a la licitación por parte de distintas empresas en condiciones de igualdad. Además, supone un coste extra para las arcas municipales por el consumo de electricidad”.

La misma concejala indicó que la ley establece que, para “la adjudicación de una concesión para usar un dominio público, la empresa debe abonar los gastos derivados de la instalación de las máquinas y disponer de un seguro de responsabilidad para responder a posibles daños causados a terceros o al propio Ayuntamiento, además de asegurar su correcto mantenimiento y servicio, cosa que no ha sucedido”.

Explica que desde 2014 el Reglamento de Uso y Gestión de Centros Ciudadanos ya habla de esas máquinas expendedoras, un documento que tuvo un coste de redacción de más de 600.000 euros. Este establece en su artículo 23 la prohibición de actividades que “impliquen ánimo de lucro” y establece que las actividades que supongan un uso privativo deben, según el artículo 44, contar con “autorización expresa del ayuntamiento”. Cree que con “el evidente uso de mecanismos de arbitrariedad, como los que se pueden constatar en los informes, también se impide a otras empresas participar en igualdad de oportunidades y tampoco se vela por una correcta atención a la ciudadanía”.

En la misma presentación a los medios de los argumentos de la denuncia, Rubens Ascanio consideró que “este caso refleja una práctica que tiene mucho que ver con el ADN político de Coalición Canaria, de aquellos que ven el municipio como su finca particular, donde la política de amiguetes ha tenido un peso muy negativo”.

Dos empresas, “Velma Ven y CB Vending fueron las afortunadas beneficiadas de un negocio redondo durante unos doce años”. Manifestó a este respecto que “los vecinos y vecinas de La Laguna, con sus impuestos pagaron la luz, el agua y el espacio público que ocuparon estas máquinas sin que el servicio, al menos oficialmente, reportara beneficio alguno para la administración”, enfatizó.

Ni caso en el pleno que analizó el asunto

En la comparecencia celebrada en el pleno de diciembre obtuvieron “una respuesta del concejal Jonathan Domínguez en la que directamente mintió, donde atribuye la instalación de estas máquinas a los propios colectivos vecinales, algo totalmente increíble tratándose de edificios de titularidad municipal desde un inicio.

Además, el concejal de CC aseguró en su declaración que “no tenemos constatado el origen de esas máquinas” y “no pensamos iniciar ninguna caza de brujas con este asunto”. La comparecencia mostró una cosa clara: Coalición Canaria “no tiene la más mínima voluntad de mirar debajo de una alfombra que es propia, no quiere que se conozca quién y cómo se autorizaron esas máquinas, ni realizar una investigación oficial al respecto, con una voluntad manifiesta de no dar respuesta a nuestras solicitudes de información”.

Ascanio afirmó en su intervención que “solo en luz hablamos de un coste aproximado anual de unos 180 euros por máquina, lo que supone unos 3.420 euros anuales en total, en los últimos doce años, 41.040 euros”. Respecto a las tasas municipales sería un monto pendiente de pago de 3.623,68 euros anuales. “En doce años han dejado de pagar a las arcas públicas 43.484 euros”.

En total, hablan en el grupo municipal de “más de 84.000 euros que no se han repercutido en las cuentas municipales de forma positiva, siendo difícil de calcular el beneficio económico obtenido como resultado de esta actividad ilegal”.

El grupo opositor registró el pasado 21 de diciembre un escrito en el que reclaman a la Concejalía de Hacienda, en base al artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de dominio público, el cobro a las empresas comentadas de la cuota correspondiente, 190,72 euros por máquina y año, hasta donde la ley permita.

Además, pidieron a la Concejalía de Servicios Municipales que haga lo mismo con el consumo de luz mencionado. Igualmente, en la misma fecha reclamaron la apertura de expedientes informativos y de los expedientes referidos a máquinas expendedoras ubicadas en instalaciones deportivas o la escuela municipal de música, “que sospechamos que puedan estar en una situación similar y podrían sumar una treintena”.

Unidos Se Puede finaliza la comparecencia con los medios anunciando que, ante “la deliberada inacción municipal para aclarar las responsabilidades y lo que creemos que es una voluntad obstruccionista, no tenemos otro remedio que acudir a la vía judicial en los próximos días para aclarar lo sucedido y exigir las responsabilidades que tengan lugar ante una situación”.

Además, indican que en otros municipios del Estado denuncias similares han supuesto la apertura de diligencias previas y dar parte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y que pueden ser constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos“.