Los sindicatos estudian querellarse contra el concejal de Seguridad en Puerto de la Cruz por insinuar que las averías de coches de la Policía Local son adredes
La Junta de Personal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, compuesta por los sindicatos Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) y CSIF, afirma que las recientes declaraciones a los medios de comunicación del concejal de Seguridad Ciudadana y Relaciones Institucionales, Pedro González (PP), tienen que ver con un “comportamiento temerario” al intentar, “con poca fortuna”, desmentir a los sindicatos que denunciaron el déficit de medios materiales y humanos de la Policía Local de Puerto de la Cruz, así como “la escandalosa situación de las instalaciones” del cuerpo, se señala en una nota de CCOO.
Entre otras acusaciones contra la Policía Local vertidas por el concejal, se encuentra aquella en la que “de manera totalmente gratuita y con absoluto desprecio a la verdad” deja vislumbrar que las averías en los vehículos patrulla puede deberse a “supuestos sabotajes” que realizan algunos funcionarios de la Policía Local. Esta actuación está siendo estudiada por los sindicatos con el objeto de ver si es susceptible de ser denunciada por vía judicial.
En el comunicado se dice que el concejal no valora que los cuatro vehículos patrulla de que se dispone la Policía Local de Puerto de la Cruz ya son “chatarra” al haberse agotado su vida útil, dado que durante muchos años han venido prestando un servicio de 24 horas todos los días del año y su reposición se ha agravado por la nula inversión del Ayuntamiento en la dotación de nuevos vehículos.
Las declaraciones del concejal, se prosigue en la nota, evidencian “que el concejal de Seguridad Ciudadana solo se encamina a contaminar a la opinión pública para justificar su irresponsabilidad como supuesto gestor público”.
También desde el grupo de Gobierno local se sostuvo que la mayor parte de la plantilla no se siente identificada con el proceder de los sindicatos que han denunciado las citadas carencias, “lo que supone una absoluta intromisión ilegítima en la ley de libertad sindical y una insólita injerencia en la representación legal de los funcionarios”.
Además, se incluye en la referida nota, sus “infundadas y manipuladoras” declaraciones, en alusión al concejal, “quedan desmentidas por las firmas del 90% de la plantilla de la Policía Local, rúbricas que han sido remitidas por el registro del Ayuntamiento y que dan su total apoyo a los sindicatos que han denunciado la política deficitaria llevada a cabo por el alcalde, su equipo de gobierno y, especialmente, por el concejal de Policía”.
La Junta de Personal añade que a la “nefasta” gestión llevada a cabo por el concejal de Seguridad Ciudadana, que tachan de “hostil y sectaria”, se suma el hecho de que su comportamiento ha estado encaminado a la “negación del diálogo” con los representantes sindicales, que estiman que sus intervenciones en las mesas de negociación las ha planificado “para crear un polvorín y consecuentemente el enfrentamiento, quebrantando así la paz social que debe presidir la negociación colectiva”.
Los sindicatos destacan que toda esa situación se ha visto empeorada desde que la Fiscalía de la provincia de Santa Cruz de Tenerife elevó denuncia contra el referido concejal por un “supuesto delito de tráfico de influencias y prevaricación omisiva, lo que ha generado por parte del Ayuntamiento un despliegue excepcional y descomunal de expedientes disciplinarios con el fin de amedrentar al colectivo policial”.
Los sindicatos apuntan que, además de exigir el cese del concejal de Seguridad Ciudadana y Relaciones Institucionales, están valorando, a través de sus servicios jurídicos, si sus declaraciones pudieran ser constitutivas de algún ilícito tipificado en el Código Penal.
Para los sindicatos de la Policía Local de Puerto de la Cruz, es más que necesaria una nueva Ley de Coordinación de la Policía Local que articule medidas de seguridad y de condiciones de trabajo más específicas y homogéneas entre todos los policías de Canarias, pues con ello se evitarían estas confrontaciones con políticos “con escaso o nulo conocimiento en materia de seguridad”.
Por ello, estos sindicatos piden al alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso (del PP), que exija a su partido en el Parlamento de Canarias “que dé salida a la nueva ley que tiene paralizada una parte de los alcaldes del lobby de la Fecam”.