Pedro Fernández Arcila, de Sí Se Puede: “Si los otros partidos de izquierda hacen su trabajo, podemos gobernar en La Laguna y Santa Cruz”

Con las elecciones locales del 26 de mayo casi a la vuelta de la esquina, se celebra esta entrevista con Pedro Fernández Arcila, de la formación política Sí Se Puede (este partido de izquierda tiene cuatro concejales de 27 en el Ayuntamiento capitalino). La cita se desarrolla en la mañana del lunes de Carnaval, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

En la charla, el candidato a la alcaldía de la capital tinerfeña se muestra poco satisfecho con los resultados de gestión obtenidos por José Manuel Bermúdez, actual alcalde de CC, en sus dos mandatos seguidos y además confiesa que queda mucho por hacer en materias como la vivienda, el transporte o la atención social.

Si uno se da un paseo por Santa Cruz puede pensar que es una ciudad que está algo abandonada. Muchos de los edificios antiguos y emblemáticos de la capital se hallan en muy mal estado. ¿Qué cree que se debe hacer en esta materia?

Es lamentable que el Ayuntamiento haya perdido otros cuatro años en lo que tiene que ser una política de protección del patrimonio histórico, con la que no solo tiene que proteger el patrimonio de titularidad pública, sino también establecer, a través de ayudas públicas, medidas que incentiven a los propietarios privados a proteger sus inmuebles. Esto ya se hizo en el conjunto histórico de La Laguna y los resultados saltan a la vista.

Aquí no se ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera hemos logrado sacar adelante los planes especiales, que son los documentos que regulan los conjuntos históricos. Además, veníamos con un déficit en esta materia, pues había unos 500 inmuebles que no habían sido recogidos en el Plan General y ya llevamos cuatro años pidiendo que se incluyan.

La percepción que tenemos desde Sí Se Puede es que para el equipo de gobierno [de CC-PP] se trata de una carga que debe soportar el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En cambio, para nosotros proteger el patrimonio es esencial. No solo por el propio valor histórico que contienen esos inmuebles, sino también, si se quiere ver desde una perspectiva puramente económica, como reclamo turístico. Con una propuesta de rehabilitación urbana, nuestra ciudad adquiriría un valor inmenso.

¿Cuál es la situación actual del proyecto Santa Cruz Verde 2030 y qué postura tiene Sí Se Puede respecto a esta iniciativa?Santa Cruz Verde 2030

Nosotros vemos como una necesidad que la expansión urbanística de Santa Cruz sea hacia esa zona [la de la refinería de CEPSA], pero es cierto que, como se lleva más de ochenta años contaminando los suelos, debe existir un proceso riguroso de descontaminación de estos antes de destinarlos a uso residencial. Pero sin duda esa va a ser la expansión urbanística de los próximos 20 años.

No obstante, hemos dicho que esa expansión urbanística tiene que estar enfocada a atender la demanda fundamental que tiene la ciudad de Santa Cruz, que es la vivienda de protección oficial. Además, es importante que no se vuelva a repetir el error que se cometió con la primera expansión urbanística en los terrenos que se cedieron de la refinería [polígono CEPSA-DISA], donde hubo un desarrollo urbanístico sin que hubiera un aprovechamiento por parte del Ayuntamiento. No se ha retribuido hasta ahora el 10% de los beneficios de ese plan.

¿Qué le parecieron las declaraciones que hizo hace unas semanas el alcalde Bermúdez sobre los migrantes sintecho?

Santa Cruz es una ciudad en la que hay mucha inmigración irregular, pero esto no debe asociarse, salvo en situaciones muy puntuales, a un asunto de inseguridad ciudadana. Más bien al contrario, la mayoría de los inmigrantes son gente trabajadora que lo único que intenta es tener unos ingresos para poder mantener a su familia. No creo que sea positivo ni justo vincularlos con la violencia ni con cuestiones irregulares.

Por esto nos preocuparon las declaraciones del alcalde, porque de una manera muy matizada colocó a la inmigración como elemento central del problema de la violencia o la inseguridad en algunos barrios. Lo dejó caer de una forma un tanto velada y a nosotros eso nos pareció injusto, desproporcionado y, desde luego, no ajustado a la realidad.

En fin, Santa Cruz es una ciudad multicolor. Una de las características de Canarias es precisamente que se ha nutrido de los más distintos puntos del mundo. La inmigración siempre ha contribuido a la conformación de nuestra cultura, que se ha ido enriqueciendo gracias a la aportación de todos esos pueblos. Creo que el alcalde ha tenido ahí una deriva un tanto preelectoralista.

Guillermo Díaz Guerra, candidato del PP a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, afirmó hace unos días que, si otras administraciones públicas no contribuían a la financiación del albergue municipal, habría que cerrarlo. ¿Es esa la solución?

Es un enfoque que a nosotros nos parece lamentable. Es verdad que el Ayuntamiento de Santa Cruz está asumiendo con el albergue municipal una función que le podría corresponder al Cabildo, ya que vienen personas de diferentes sitios de Tenerife. Y también es verdad que deberían existir otros albergues en el sur y el norte, pero creo que ese tipo de titulares enturbian lo que debe ser un debate sosegado y razonable sobre la necesidad de incrementar los recursos sociales de la isla para que este servicio no solo lo asuma Santa Cruz y para que también se pueda dar una correcta respuesta a la situación de exclusión social, que es un problema acuciante en el territorio insular.

Nosotros estamos totalmente en contra de cerrar cualquier recurso social existente en la isla. Más bien estamos por la labor de incrementar las dotaciones sociales ante la situación de necesidad que afecta a muchas personas.

¿Y qué servicios de atención social cree que deben mejorarse en Santa Cruz de Tenerife?

Lo fundamental es la labor preventiva, es decir, aquí los servicios sociales están haciendo una tarea meramente administrativa, de ofrecer dotaciones económicas a aquellas personas que tienen más dificultades. Y además con retraso, porque no hay suficiente personal para atender a tantas personas que demandan esas ayudas. Pero no se está haciendo un trabajo preventivo, que es la labor fundamental que deben hacer los trabajadores sociales. Hablamos de procesos de integración para aquellas personas que están en riesgo de exclusión social, de ir atisbando dónde se pueden dar problemas de este tipo y de intentar abordarlos detectándolos de manera preventiva...

Para esto hay que dotar de personal al IMAS [Instituto Municipal de Atención Social] y no se ha hecho absolutamente nada en esta línea. Ahora solo nos limitamos a ofrecer dotaciones económicas en la fase final, cuando ya se ha dado el problema.

Parece que el Ayuntamiento ahora se ha puesto las pilas -a última hora, con las elecciones a la vista- con la vivienda social. ¿Algo tarde, no cree?

No creo que se haya puesto las pilas con el asunto de las viviendas de protección social. De hecho, no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana. Tendría que haber habido una política de vivienda desde hace muchísimo tiempo. En estos ocho años, lo que ha durado el mandato de Bermúdez, la política en materia de vivienda social ha sido prácticamente nula.

La única política ha sido intentar abordar un problema que había explotado: el tema de los pisos de Añaza, que estaban en manos de fondos buitre. De resto no se ha hecho absolutamente nada para prevenir e ir dotando de viviendas de protección oficial al municipio. Y tampoco se ha tratado de sacar las viviendas vacías al régimen de alquiler social. Sin embargo, sí que le ha tendido la mano a la vivienda vacacional, que ha provocado, junto a la falta de políticas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, que este asunto se haya incrementado en nuestro municipio.

¿Qué sabe del concurso público para la gestión municipal de residuos? ¿Qué le ha parecido el proceso y cómo puede terminar?

Aún se encuentra pendiente de resolución [hay dos recursos sin responder] por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Hay varios recursos interpuestos por parte de empresas a las que no se le adjudicó el servicio. Desde nuestro punto de vista, ha habido cierto trato de favor a la empresa adjudicataria [Valoriza, del grupo Sacyr, a la que además pertenece Emmasa] porque esta hizo una oferta temeraria en cuanto a los niveles de prestación de servicios. Esa oferta temeraria fue analizada por los servicios técnicos municipales y estos dijeron que la oferta no se podía cumplir. Por lo tanto, a partir de ahí debieron haber excluido a esa empresa. No solo no la excluyeron, sino que fue a la que le adjudicaron el servicio.

Coalición Canaria parece haberse olvidado de la ampliación de la línea 2 del tranvía hasta La Gallega. ¿Saldrá adelante al final?

Bueno, creo que es necesario hacer una planificación en materia de transporte público para saber qué es lo necesario en relación con el área metropolitana y en materia de movilidad sostenible. Lo primero debe ser aburrir al conductor privado. Este debe asumir que va a ser muy difícil circular por el centro de Santa Cruz y, a partir de ahí, establecer políticas en materia de transporte público: incentivando las líneas de guagua, favoreciendo al sector del taxi e incrementando el servicio del tranvía.

Debemos tener en cuenta que la línea 1 es la única rentable del tranvía -ya que une dos puntos de mucha población-. Pero, realmente, en el área metropolitana, la guagua es la mejor alternativa al transporte privado. Y lo es por su facilidad de adaptación, de creación de nuevas líneas, de establecimiento de más frecuencias… Pero debe ser un servicio eficaz. De lo que se quejan los vecinos de La Gallega es de lo mal que funciona el transporte público en guagua. Por lo tanto, hay que incrementar estos servicios.

¿Cómo concurrirá Sí Se Puede a las próximas elecciones?

En Santa Cruz vamos solos, como Sí Se Puede. Intentamos una confluencia que duró aproximadamente cuatro meses con Podemos e Izquierda Unida, pero finalmente el partido morado nos indicó que no éramos socios para ellos. Por voluntad de Podemos a escala municipal, salimos de la posible confluencia. IUC, por su parte, tomó la decisión recientemente de ir en confluencia con Podemos en Santa Cruz. A escalas insular y canaria, Sí Se Puede está en un proceso de confluencia con Podemos, IUC y Equo ante la necesidad de ir coligados con todos estos partidos.

¿A qué aspiran tras el 26 de mayo?

Nosotros en Tenerife vamos a recuperar dos alcaldías: la de Vilaflor y la de Buenavista. Luego, si los otros partidos de s hacen su trabajo, podemos gobernar en Candelaria, El Rosario, Tegueste, Tacoronte, La Laguna y Santa Cruz. Digamos que toda el área metropolitana va a cambiar en el sentido de que podrían darse procesos de confluencia poselectoral entre los partidos de izquierda, estando muy presente Sí Se Puede en todas estas administraciones.

¿Qué idea tiene para el Cabildo? ¿Cree que habrá confluencia?

Entiendo que sí. Yo no estoy en esa mesa de confluencia, pero se están acercando posturas y creo que es muye posible que haya una confluencia en el Cabildo de Tenerife. Además, nos hemos dado cuenta de que es una institución esencial para gestionar y tomar las grandes decisiones que afectan a la isla. Por ejemplo, esta institución es la que puede implantar los carriles Bus-VAO, que pueden resolver el problema de las colas en el norte y en el sur.

En materia de residuos y de energías renovables, también es fundamental la postura del Cabildo. Creo que Podemos, con nuestros compañeros de Sí Se Puede, sobre todo con Fernando Sabaté, han hecho una labor de control a todas las empresas públicas y a las decisiones económicas y financieras que ha adoptado el Cabildo, que han sido muy cuestionadas. Una ha sido el asunto de los swaps o el control sobre la venta de los casinos.

El Tribunal Supremo está a punto de decidir sobre el caso de Las Teresitas. ¿Qué conclusión saca ahora?

La verdad es que la sentencia de la Audiencia Provincial, que he tenido ocasión de leerla y estudiarla con detalle, la veo tan razonada y fundamentada que me parece difícil que se pueda revisar en el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué dice finalmente, pero yo estoy convencido de que lo más probable es que se confirme la sentencia de la Audiencia Provincial.

Díganos cuál es su decálogo electoral para el 26 de mayo...

Tenemos tres principales líneas a seguir en Santa Cruz: el aspecto social, el medioambiental y el de accesibilidad. Lo primero es atender, a través del aumento de las dotaciones económicas y del personal en el Instituto Municipal de Atención Social, la situación de muchísimas familias de diferentes barrios que se encuentran en exclusión social. También afrontar el tema de la vivienda con unas políticas urbanísticas que tengan que ver con la renovación y la rehabilitación urbanas y que los nuevos sectores de crecimiento urbanístico tengan muy en cuenta esta realidad.

En materia medioambiental, hay que acudir a todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. Hay que realizar un cambio radical en el sistema de transporte en Santa Cruz, primando el servicio público en detrimento del transporte privado. Para ello hay que beneficiar al tranvía, incrementar los servicios, las frecuencias y las líneas de las guaguas, aparte de establecer compromisos con el sector del taxi. Hay que lograr que el transporte público se vea potenciado.

En materia de accesibilidad, que consideramos que es una asignatura importante, nuestra idea es hacer una línea prioritaria en obras que permita el acceso tanto a edificios como a las vías urbanas.

¿Qué pasa con las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de San Andrés? ¿Todavía no se ha encontrado una solución?

El asunto nos preocupaba mucho porque la Cofradía de Pescadores de San Andrés se encontraba en una situación alegal. La Viceconsejería de Pesca, en su momento, presentó un proyecto para realizar unas obras -entendemos que fueron aprobadas por urbanismo- que se cometieron a finales del siglo pasado y principios del presente. Sin embargo, no hay una autorización como tal de ese edificio, que se construyó por parte de una administración pública.

Para nosotros, la solución al problema pasa por el reconocimiento de la cofradía de pescadores como refugio pesquero por parte de la Viceconsejería de Pesca. Así se lo planteamos al pleno del Ayuntamiento, que aprobó nuestra propuesta, y hubo un compromiso formal por parte del equipo de gobierno de Bermúdez. Este dijo que se encargaría de iniciar un proceso de negociaciones para que esto fuera así.

En cambio, en estos últimos cuatro años no se ha hecho absolutamente nada. La Cofradía sigue estando en esa especie de limbo legal cuando es una actividad económica que está vinculada directamente a la principal actividad económica del pueblo: la restauración. Además, la pesca en esa zona tiene una proyección de futuro innegable, porque se puede integrar a los pescadores profesionales en la futura reserva marina de Anaga, en la que también se puede plantear no solo el tema de la pesca, sino también algunos aspectos turísticos y de conservación. Y en estos procesos tiene que jugar un papel fundamental la cofradía de pescadores.

Lo que nosotros propusimos es, primero, su reconocimiento legal como forma de salvaguardar futuros proyectos y de garantizar los ya existentes, y también lograr que cada vez sea más atractivo para las personas de San Andrés y de Anaga ser profesionales de la pesca en un futuro que puede ser mucho mejor que el presente. La lástima es que nadie haya sabido entender este mensaje. Ni siquiera ha habido el interés por trasladarlo a otras administraciones implicadas, que yo creo que pueden ser sensibles a esta propuesta. Criticamos la inactividad de Bermúdez porque ha sido un fracaso muy importante en lo que se refiere al desarrollo económico de un sector [la pesca] que es fundamental en la zona de San Andrés y de Anaga.

En relación con los vertidos autorizados y no autorizados que han provocado la contaminación del litoral santacrucero, ¿cómo considera que se soluciona esto y por qué no se le ha prestado la atención suficiente?

El problema de los vertidos en el litoral de Santa Cruz es que la mayor parte de ellos no están autorizados por la Viceconsejería de Medio Ambiente. Y el más importante, que es el que se vierte en la zona de Cabo Llanos, cuenta con una autorización de Medio Ambiente que incumple la ley. Se están vertiendo más de 20.000 metros cúbicos diarios al mar sin un tratamiento secundario, solamente con un tratamiento primario. Eso es, por tanto, un foco de contaminación impresionante que se lleva realizando desde hace más de veinte años.

Nosotros lo denunciamos ante la Fiscalía, esta lo llevó después al juzgado y ahora estamos pendientes de que el Ministerio Fiscal emita un escrito de calificación. Se trata del foco de contaminación más importante y, en cambio, existía la alternativa de elevar esas aguas residuales que se vierten desde Cabo Llanos a la estación depuradora, que tiene más capacidad de la que se dice. Una vez depuradas, las aguas pueden ser vertidas al mar o bien entregadas al Balten (Balsas de Tenerife) para que sean sometidas a un tratamiento terciario y puedan derivarse al sur para el riego agrícola o de jardines.

¿Beneficia el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife al empresario Antonio Plasencia?

Por los datos que se han ido conociendo, parece que sí. Ha había un deseo de beneficiar a la familia de Antonio Plasencia al adquirir ese inmueble en Cabo Llanos para uso del IASS. Al parecer no existía esa urgencia que se dijo desde el inicio como justificación para adquirirlo. Por eso el Cabildo ha tenido que dar marcha atrás y volver a convocar un proceso mucho más limpio y transparente que el que había hecho en un principio.

Recientemente, ha sido imputado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por el caso Grúas, un asunto de cuando era alcalde de La Laguna. ¿Qué opinión le merece esta noticia?

El caso Grúas se puede calificar como unas decisiones públicas sin base justificable desde el punto de vista administrativo. Son decisiones en las que primaron el amiguismo y el favoritismo entre personas conocidas del entonces alcalde de La Laguna y ahora presidente del Gobierno de Canarias. Estas decisiones llevaron a una situación de quiebra absoluta a la empresa que gestionaba el servicio municipal de grúas, que alcanzó una deuda cercana a los 700.000 euros. Esto hubiera derivado en un daño patrimonial de incalculables proporciones al Ayuntamiento de La Laguna.