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El secretario del Cabildo de Tenerife avala la continuidad de los ex consejeros de Ciudadanos en el gobierno insular

Pueden hacerlo en régimen de dedicación exclusiva, percibiendo las retribuciones correspondientes, pero no será posible conferirles nuevos cargos o  retribuciones, ni podrán percibir asistencias por la concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados

El informe jurídico se basa en el caso del ex consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria Juan Manuel Brito, expulsado del partido pero que siguió en sus cargos en el gobierno NC-PSOE hasta que decidió dimitir

Enrique Arriaga (Cs), Berta Pérez y Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, en el pleno de este miércoles

Enrique Arriaga (Cs), Berta Pérez y Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, en el pleno de este miércoles CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

El secretario general del Cabildo de Tenerife, Domingo Jesús Hernández, ha emitido un informe jurídico que avala que los consejeros de Ciudadanos Enrique Arriaga y Concepción Rivero, que fueron expulsados de Ciudadanos, pueden seguir formando parte del Gobierno insular presidido por Pedro Martín (PSOE) y mantener sus cargos de vicepresidente y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación el primero; y consejera de Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes la segunda, a pesar de haber sido expulsados de su partido y tener desde el 21 de agosto la condición de no adscritos. 

Además, podrán hacerlo en régimen de dedicación exclusiva, percibiendo las retribuciones correspondientes en tanto la Presidencia les mantenga en los cargos del Gobierno que ostentan con carácter previo a su consideración de miembros no adscritos.

Sin embargo, no será posible conferirles nuevos cargos ni retribuciones, y no podrán en ningún caso percibir asistencias por la concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte.

Enrique Arriaga y Concepción Rivero dejarán de estar integrados en el Grupo Mixto, y no podrán formar parte de la Junta de Portavoces ni asistir a sus sesiones. Cada uno de ellos podrá participar en una comisión plenaria, sin que de dicha integración pueda resultar mejora económica alguna respecto de su situación en el grupo de procedencia y sin que su participación en las mismas pueda dar lugar a sobrerrepresentación.

El Pleno deberá adoptar un acuerdo para determinar una nueva composición de las Comisiones Plenarias Permanentes que refleje la desaparición del Grupo Mixto, hasta formado por estos dos consejeros expulsados de Ciudadanos por haber pactado con el PSOE un gobierno insular que acabó con tres décadas de poder de Coalición Canaria. Además, se deberá modificar la composición de los órganos de Gobierno de aquellas entidades dependientes en las que se encontraban representados los dos consejeros no adscritos cuando formaban parte de los mismos por razón exclusiva de su pertenencia al grupo político mixto.

Los exconsejeros de Ciudadanos no podrán percibir las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, ni ser designados para el desempeño de nuevos cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Cabildo insular.

El informe de Domingo Jesús Hernández señala que el Pleno del Cabildo debe limitarse a tomar conocimiento de esta nueva situación, con meros efectos declarativos y en modo alguno constitutivo de consideración legal, razón por la cual dicho acuerdo no debe ser sometido a votación ni precisa del dictamen previo de la Comisión Plenaria Permanente.

Y termina proponiendo a la Presidencia que en el orden del día de la primera sesión plenaria que se convoque se incluya como punto la toma de conocimiento de las expulsiones producidas en “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, por acuerdo firme de la Comisión de Garantías y Valores, órgano disciplinario competente de dicho partido político, así como del contenido y de las conclusiones formuladas en el presente informe jurídico del que se derivan las consecuencias políticas y económicas que en el mismo se describen”.

El secretario basa la decisión clave de su informe (si pueden seguir siendo parte del Gobierno y cobrando o no) en el artículo 88  de la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares, que dice que “tendrán la consideración de miembros no adscritos los consejeros insulares que sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente candidatura”; y que “una vez que ostenten dicha consideración, no podrán obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial al cabildo insular, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del cabildo insular”.

Es decir, fueron designados miembros del Gobierno con dedicación exclusiva antes de ser consejeros no adscritos y por lo tanto pueden seguir manteniendo tal condición.

En esencia, el informe comparte las consideraciones jurídicas del evacuado por el Secretario General del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, el 7 de febrero de 2017, apoyado por el posicionamiento unánime de los siete Secretarios de los Cabildos canarios integrantes en aquel momento de la Comisión Jurídica de la FECAI, en un supuesto análogo al presente como fue el del ex consejero de Podemos, Juan Manuel Brito, expulsado igualmente por su formación y que a pesar de eso mantuvo sus cargos de vicepresidente y consejero en el gobierno presidido por Antonio Morales (NC), hasta que decidió dimitir para no enturbiar la entonces descompuesta alianza entre NC, PSOE y Podemos.

Su compañera también expulsada, María Nebot, sí se mantuvo todo el anterior mandato como consejera no adscrita y al frente de la Consejería de Igualdad. Lo mismo ocurrió con Miguel Ángel Rodríguez, que sustituyó a Brito cuando renunció a su acta de consejero y que también fue suspendido de Podemos. 

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