El Gobierno encarga a Gestur, por séptima vez en cinco años, poner orden en el Suroeste de Santa Cruz
La empresa pública Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur) ha recibido, por séptima vez en cinco años, el encargo del Gobierno canario de poner orden en las expropiaciones llevadas a cabo en el Polígono de El Rosario, en el Suroeste de Santa Cruz de Tenerife.
A lo largo de medio siglo se localiza en este ámbito la necesidad de llevar a cabo las tareas de elaborar y redactar los estudios necesarios para proceder al pago de las parcelas afectadas. La empresa pública Promociones El Rosario (Prosa) fija los justiprecios a través de la entrega de los solares de reposición, entre otros muchos trámites más.
El ámbito afectado por este entramado urbanístico abarca desde Los Majuelos hasta La Gallega, en el que reside la cuarta parte de la población del municipio. El problema tuvo su inicio en 1969, cuando el Instituto Nacional de la Vivienda promovió la delimitación de un polígono residencial de 338 hectáreas entre Santa Cruz y La Laguna. La mayor parte del suelo a expropiar se ubicaba en la capital tinerfeña con 251 hectáreas y las 87 restantes en Aguere.
La doctora de Geografía y catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad La Laguna, Luz Marina García Herrera, relata en su obra Propiedad del suelo en Santa Cruz de Tenerife, los pormenores de esta aparatosa operación urbanística.
Desde un principio se planteó una auténtica remodelación del sector recurriendo a las expropiaciones que iban a afectar sobre todo a los barrios de autoconstrucción existentes. Los planes se completaban con la superposición de una nueva trama viaria y la implantación de una tipología de edificación en bloque, hasta entonces inexistente. Pero desde un principio esta planificación se dió de frente con la realidad, y es que se incurrió, según esta autora, en “una desastrosa gestión de las expropiaciones hasta el punto de que los antiguos propietarios acusan a las administraciones de haber especulado con los terrenos que ocuparon pagando precios irrisorios”.
La ocupación llevada a cabo desde finales de los años setenta afectó a 121 vecinos que eran propietarios de 274 parcelas y tenía como objetivo concretar un cambio radical en los barrios situados entre Taco y La Gallega para construir viviendas sociales y una zona industrial. Casi medio siglo después de haber planificado esta macro operación urbanística son ya varias las sentencias firmes que han ratificado que se cometieron irregularidades de calado durante todo este proceso, lo que obliga a la revisión de las expropiaciones.
En algunos casos las cantidades que tendrá que desembolsar el Gobierno canario y el Ayuntamiento son notablemente elevadas. Por ejemplo, en el de una sola empresa se llegan a los 700.000 euros. Por ello, se teme que una avalancha de resoluciones favorables a los vecinos haría inasumible los pagos por parte del Gobierno canario. En estos momentos son varias las familias que llevan tres lustros esperando a que se les abone el precio real de los solares ocupados
Los tribunales han venido ratificando desde hace años que se cometieron errores de bulto en esta operación, de manera que las valoraciones no se ajustaban a la realidad, y que incluso en algunas ocasiones se reducía la superficie real ocupada. Este es el caso de la familia García Coello, quienes en 1998 vieron cómo el Supremo les reconocía el derecho a recibir una indemnización de 78.000 euros o que se procediera a la devolución de la parcela ocupada. La primera posibilidad es la que les han dejado los tribunales, aunque ni siquiera así han podido ver cómo se cumple el fallo judicial.
Esta familia mantiene que lo ocurrido con ellos no se trata de un caso aislado, sino que es extensible al centenar largo de ciudadanos afectados por las expropiaciones cuyas cláusulas consideraran “abusivas”. Los antiguos propietarios criticaron en su momento “que la parcela fue ocupada en teoría para hacer viviendas sociales, pero con el tiempo tiene propietario privado y está en el mercado libre. Mientras, la otra parte no se puede tocar al estar dentro de una unidad de actuación junto a otros dueños”. Hace cerca de un año solicitaron a la Comisión de Valoraciones de Canarias que calculara el precio a abonar, con el fin de que el Gobierno canario lo haga efectivo. Pero lo cierto es que no han recibido ni un simple acuse de recibo.
En principio se proyectaron casi 5.500 viviendas para una población máxima de 24.200 habitantes, una cifra que hoy prácticamente se dobla. Por ejemplo, La Gallega pasó de ser considerado “un pequeño barrio en formación” a albergar en estos momentos unos 6.000 vecinos, casi la población de San Sebastián de La Gomera.
