Los servicios jurídicos de Santa Cruz aprecian prevaricación y malversación en las contrataciones del Carnaval 2018 a la Ser

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consideran que lo ocurrido con las contrataciones artísticas del Carnaval de 2018 a través de Radio Club de Canarias (Cadena Ser) podría encuadrarse en los delitos de prevaricación administrativa y malversación. Por eso recomendaron al grupo de gobierno la remisión del expediente a la Fiscalía Provincial, como así ocurrió este martes acompañado de una dura denuncia. Los letrados consistoriales no sólo consideran que es obligación de la Corporación poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal, sino que también debe actuarse administrativamente instando a la nulidad del expediente administrativo por el que, entre otros, se contrató al cantante colombiano Sebastián Yatra, que no apareció por la isla, y reclamar las cantidades indebidamente pagadas al contratista por un servicio que no se prestó. Igualmente, recalcan los juristas, han de exigirse responsabilidades a los funcionarios y dirigentes públicos que tramitaron ese expediente plagado de irregularidades durante el mandato de Coalición Canaria y el Partido Popular al frente de la Corporación.

El informe jurídico que ha servido de base a la decisión del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para enviar el expediente del Carnaval 2018 a la Fiscalía resulta “demoledor”, en palabras de las personas que han tenido acceso a sus 17 folios. Los letrados que lo firman hacen un recorrido minucioso por el expediente y detectan que el pliego de condiciones administrativas que sirvió de base al contrato suscrito entre el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), de titularidad cien por cien municipal, y Radio Club de Canarias, S.A., perteneciente a Prisa Radio, fue incumplido conscientemente por el contratista en lo que respecta al menos a las actuaciones del artista Sebastián Yatra y la banda Piso 21. Y ello sin que fuera compensando económicamente el organismo público o se procediera a un resarcimiento de algún tipo por esas dos ausencias. Yatra aparecía como la actuación estelar de la noche del 12 de febrero de 2018, víspera del Martes de Carnaval, y así fue anunciado reiteradamente tanto por las autoridades municipales como por la emisora de la Cadena Ser, obviando que apenas 48 horas antes tenía confirmada y promocionada una actuación en Colombia, lo que prácticamente le impedía poder estar en Tenerife en la fecha comprometida. La banda colombiana de reggaeton Piso 21, por su parte, aparecía con otra media docena más de artistas en la gala de la noche anterior, 11 de febrero. En el cartel de esa jornada se incluía también la actuación del venezolano Carlos Baute, que fue el que finalmente sustituyó al día siguiente a Sebastián Yatra. Con la particularidad de que todas las actuaciones del día 11 estaban presupuestadas en total por 21.000 euros, y solo la de Yatra del día 12, fue pagada por importe de 44.600 euros sin que se produjera. Y esa cantidad se pagó cuatro días después como si el concierto se hubiera celebrado.

Los jurídicos municipales se detienen en su informe a analizar la premeditación con la que las partes (el Organismo Autónomo de Fiestas y Radio Club de Canarias) incumplieron el pliego de condiciones que regía la contratación de las actuaciones musicales del Carnaval santacrucero de 2018. Tras un recorrido cronológico por los hitos que compusieron finalmente ese expediente, resaltan cómo es un representante de la Ser, Alberto Palenzuela Hernández, el que propone un paquete de conciertos que, bajo el epígrafe de “Avance del proyecto de Carnavales”, ya fija el que iba a ser el programa de actuaciones de los días 11, 12 y 17 de febrero de 2018 en las principales fiestas de la ciudad, un programa que asume íntegramente el Organismo Autónomo de Fiestas hasta convertirlo en el pliego de condiciones de la licitación que promueve mediante concurso negociado sin publicidad, es decir, sin concurrencia pública, y por la vía de urgencia.

Toda la tramitación administrativa se realizó meteóricamente en el seno del Organismo Autónomo de Fiestas, concretamente entre los días 22 y 23 de enero de 2018, incluyendo el inicio del expediente, la confección del pliego de condiciones, la certificación de la disponibilidad presupuestaria para afrontar el contrato… Pero la firma con la Ser se celebra el 16 de febrero, cinco y cuatro días después, respectivamente, de las fechas en las que debieron haberse celebrado los conciertos contratados. 

Los jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz han detectado un movimiento dentro del expediente que pudiera evidenciar que ambas partes conocían que ni Sebastián Yatra ni Piso 21 acudirían a las citas que Radio Club había propuesto. La administradora de Prisa en Canarias, Lourdes Santana, en un escrito de fecha 9 de febrero de 2018, cuatro días después de que venciera el plazo para presentar oferta al mismo concurso que la Ser había propuesto, y tan solo dos antes de que comenzaran las actuaciones contratadas, hace constar que conoce el pliego de condiciones “que sirve de base a este concurso”. Pero a pesar de que en ese pliego se incluyen las actuaciones de Sebastián Yatra y de Piso 21, Santana adjunta a su escrito las supuestas cartas de exclusividad que dice tener sobre los artistas que había ofertado al Ayuntamiento. Y en esa relación no aparecen las cartas de exclusividad de Sebastián Yatra ni de Piso 21.

A entender de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, este movimiento de la Cadena Ser demuestra que el contratista y el organismo contratante ya eran conscientes de que el pliego de condiciones no iba a cumplirse. Y, sin embargo, nadie actuó para promover una modificación y la consiguiente reducción presupuestaria que compensara las ausencias. El expediente salió adelante sin la menor salvedad administrativa hasta el punto de que, una vez pasadas las fechas de las actuaciones pactadas, la Ser pasó tres facturas que coincidían con el importe inicialmente pactado para cada uno de los tres días de actuaciones, aunque dos de ellos sufrieron sustanciales modificaciones. Y el Ayuntamiento pagó de inmediato.