Santa Cruz de Tenerife autoriza un máximo de 1.292 patinetes eléctricos en alquiler

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes las bases que regirán las autorizaciones administrativas para las empresas de alquiler de patinetes eléctricos, que no podrán ser más de dos y con un máximo de 1.292 unidades de estos vehículos de movilidad personal.

Según ha indicado en un comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, el objetivo es garantizar que estas empresas ofrezcan un servicio de calidad a los usuarios, así como evitar problemas de sobreexplotación o explotación incorrecta del dominio público o posibles molestias a los ciudadanos.

Bermúdez afirma también que “estamos empeñados en regular el uso de estos vehículos, que están presentes en muchas capitales europeas”, pues esta regulación es fundamental para garantizar las condiciones de accesibilidad en la vía pública y porque en los próximos años este tipo de vehículos ganará protagonismo de manera progresiva “con la creación en la ciudad de más carriles para ellos, una nueva forma de movilidad que debe sustituir de manera paulatina al tráfico, siempre con unas condiciones de seguridad para peatones y sus usuarios”.

Por su parte la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, señala que se ha empezado a reorganizar los aparcamientos geolocalizados, que han sido “un éxito” y ahora se sacará la concesión para exigir a las empresas el modo en que deben operar.

“Por lo tanto se continuará con la regularización y la información teniendo en cuenta que las bases llevarán unos complementos económicos como son el uso del suelo público”, prosigue Alonso, para advertir de que también se comunicará a las empresas concesionarias que, si no se cumple con las bases, el Ayuntamiento se reserva el derecho de que puedan dejar de operar en el municipio.

Las bases aprobadas este lunes regulan el derecho a la utilización del suelo de dominio público para el estacionamiento y ubicación de los patinetes eléctricos.

Además, se detallan las condiciones en que las empresas deben ejercer su actividad en el período de vigencia de la autorización, que será de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta cuatro y que tendrán una distribución por distritos que tendrá en Anaga nueve plazas de aparcamiento para 48 patinetes; Centro-Ifara, 63 plazas y 448 patinetes; en Ofra-Costa Sur, 43 plazas y 172 patinetes; en Salud-La Salle, 67 y 392, mientras que en el Suroeste, son de 58 plazas y 232 patinetes.

En cuanto al número máximo de empresas susceptibles de autorización, el Ayuntamiento lo fija en dos de las que, en función de lo que establece la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal, recaudará 20.000 euros a cada una.

Además, las empresas deberán depositar una garantía de 50 euros por cada uno de los patinetes.

También se recoge en las bases la obligatoriedad de que la empresa autorizada tenga contratada una póliza de seguro que cubra todos los posibles daños que pudieran derivarse de la explotación del servicio de patinete eléctrico, tanto para las personas usuarias de este como para otras personas usuarias de la vía pública y terceros en general, así como en bienes públicos o privados.

El seguro tendrá una cobertura mínima de 300.000 euros y el Ayuntamiento indica también que la empresa autorizada deberá retirar los vehículos mal estacionados en un plazo máximo de 24 horas desde que se haya producido su incorrecto estacionamiento.

Esta condición de prestación del servicio constituirá una obligación esencial para la empresa autorizada, por lo que su incumplimiento determinará la revocación inmediata de la autorización.

Una vez se publiquen las bases, las empresas autorizadas tendrán 20 días para presentar sus propuestas.

En las ofertas se valorará especialmente que ofrezcan soluciones tecnológicas para asegurar que los patinetes aparcan en las reservas en las que tienen permitido el estacionamiento.

También la solución que ofrezcan para minimizar la posibilidad de circulación por aceras y por zonas prohibidas por parte de sus usuarios.