Canarias por un Desarrollo Sostenible denuncia ante la Comisión de Peticiones la Ley de las Islas Verdes
Representantes de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, grupo que canaliza en el archipiélago el rechazo frontal a la ya aprobada y conocida como Ley de las Islas Verdes y a la futura Ley del Suelo, denunciaron este martes en la Eurocámara los efectos en el medio ambiente de las mencionadas normas: la del Suelo, en trámite parlamentario en Canarias y aún sin aprobarse, y la de las Islas Verdes, que sí está vigente. Ambas leyes han sido impulsadas por el Gobierno autonómico y la citada plataforma considera que suponen una “violación” clara de las normas comunitarias.
Una delegación de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible fue recibida por la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, a la que se le hizo entrega de una petición para que la Unión Europea (UE) suspenda la conocida como Ley de las Islas Verdes “ante las graves infracciones del derecho comunitario cometidas en su tramitación y por los irreparables daños al medio ambiente de las islas Canarias, que es lo que -sostiene ese mismo colectivo- ocasionará su ejecución y la de los proyectos que esta pretende legalizar. También mantuvieron una reunión en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, organismo encargado de la investigación abierta sobre la reseñada ley ya aprobada en las islas.
La plataforma aprovechó la visita a Bruselas para informar a los eurodiputados de las acciones desarrolladas hasta el momento por este colectivo para paralizar la aplicación de esa ley, entre las que se encuentran 500 denuncias individuales que han permitido conocer la existencia de una investigación de la Comisión Europea sobre los cambios en materia de ordenación del territorio producidos en Canarias. A ello se une la aceptación por parte del Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma ley interpuesto por Podemos.
En relación con esta misma actividad en Bruselas, en una rueda de prensa organizada por la eurodiputada de IU Ángela Vallina, según informó la agencia Efe desde Bruselas, los portavoces de la plataforma criticaron las dos normas base canarias, una de ellas consolidada, y defendieron que su aplicación puede causar daños irreparables a los ecosistemas del archipiélago, pues “no respetan los requisitos de protección medioambiental”.
La supuesta violación de directivas comunitarias
“Ante esa flagrante violación de directivas europeas en materia medioambiental, el Gobierno canario no puede pensar que está por encima del derecho comunitario, pues forma parte de la UE y está sujeto al cumplimiento del derecho medioambiental europeo”, subrayó la eurodiputada de IU. Vallina ha apoyado a esta plataforma para que presente una petición formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en una reunión con su presidenta, Cecilia Wikström.
La eurodiputada explicó que, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el asunto, la Comisión Europea aclaró “que la declaración de interés autonómico de un proyecto no lo exime de la aplicación” de las directivas de evaluación medioambiental.
El portavoz de la plataforma en Gran Canaria, Antonio Pérez Marrero, defendió la “gran biodiversidad” de las islas, que cuenta con cuatro parques nacionales y “cuya conservación está reconocida a escala internacional”. “Las políticas de ordenación del territorio que se están desarrollando en Canarias entienden el espacio como mercancía, solo con valor económico, y no como valor social y humano en el que desarrollamos nuestra vida y nuestras relaciones”, sostuvo Pérez Marrero.
El asesor jurídico de la plataforma y profesor de Derecho en la Universidad de La Laguna (ULL), Santiago Pérez, dijo que esas leyes “van en contra de la propuesta de la Comisión para el desarrollo de los territorios ultraperiféricos y de la sostenibilidad, que deben estar comprometidos con la defensa del medio ambiente y los recursos naturales”. “Este elemento de nuestro territorio no solo es fundamental para la calidad de vida de las personas sino también para nuestra economía”, concluyó el profesor, abogado y también político lagunero.
