Canarias cerró 2017 con el segundo peor gasto per cápita en políticas sociales de toda España y último lugar en educación

La Comunidad Autónoma de Canarias cerró el ejercicio de 2017 con el segundo gasto per cápita más bajo en políticas sociales de toda España, con 2.131,94 euros por habitante (Madrid, con 2.065,84 euros, cierra esta clasificación), y con un último lugar en el capítulo de educación, con 720,91 euros por persona residente.

De las tres áreas incluidas en el grupo de políticas sociales, que son sanidad, educación y servicios sociales, las islas solo se acercaron a puestos medios en la clasificación por autonomías en sanidad, en cuyo ámbito se obtuvo un valor per cápita de 1.256,24 euros, lo que significó estar en el sexto puesto por la cola dentro del ranking del año pasado.

Lo mismo no se puede decir de los otros dos ámbitos, donde los resultados sobre los recursos públicos destinados a esas acciones son muy malos, de suspenso claro. Así se manifiesta en educación, con el último puesto entre las 17 comunidades autónomas de España y 720,91 euros de gasto por residente canario.

El penúltimo lugar se da en el caso de los apoyos por habitante en servicios sociales, con 154,8 euros por residente isleño. Estos datos han sido procesados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y se trata de registros definidos a 31 de diciembre de 2017. Las variables han sido servidas este sábado por la agencia Efe.

Las cifras mencionadas convierten a Canarias en la región que menos recursos públicos invierte en términos comparativos en educación, la segunda que menos dinero destina a servicios sociales (tras Baleares) y la sexta que menos fondos dedica a sanidad (tras Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana).

Los siete territorios que conforman el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (Fredd) fueron las que más dinero invirtieron en políticas sociales por habitante durante el 2017, sin contar a Navarra y País Vasco, comunidades forales que cuentan con un sistema de financiación diferente.

Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja, regiones con problemas de despoblación o altos porcentajes de personas mayores entre su población, fueron las que más dinero tuvieron que emplear en políticas sociales y, más concretamente, en sanidad, según el mismo informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.