Forenses denuncian ante la Diputación del Común las deficiencias en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife

El Diputado del Común, Rafael Yanes, acompañado por las adjuntas Milagros Fuentes y Beatriz Barrera, se ha reunido con un grupo de médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, quienes alertan de importantes problemas que les dificultan el desempeño correcto de su trabajo, especialmente en actuaciones como las de valoración de la violencia contra la mujer y peritaciones psicosociales.

A la reunión también asistió la delegada de Personal del Sector Justicia de Santa Cruz de Tenerife, Julia Ibáñez.

Raquel Domínguez, médico forense, explica que, a pesar de encontrarse en huelga por problemas laborales, acuden al Diputado del Común por irregularidades que considera de interés para la ciudadanía. “Existe una falta de organización, de transparencia y de comunicación con el director que, al final, repercute en el ciudadano”, señala.

Asimismo, lamenta la falta de previsión que imposibilita que se pueda hacer uso del ortopantomógrafo para realizar la valoración de edad a los menores migrantes no acompañados.

En ese línea, considera que el lugar planificado para su instalación es una zona de riesgo biológico y radiológico.

“Es muy preocupante que se quiera instalar en un lugar con condiciones de salubridad dudosa, teniendo en cuenta que van a hacerse pruebas a posibles menores de edad, que tendrían que pasar por delante del depósito de cadáveres”, indica.

Ramón Llorente, médico forense destinado en La Gomera, afirma que “en las islas no capitalinas la situación es aún más grave”, y se queja de la imposibilidad de contactar con la dirección del servicio en Tenerife para cuestiones como el tratamiento de residuos o la administración de mascarillas.

“En La Gomera no hay mascarillas desde el 23 de enero y no hemos recibido respuesta desde que las solicitamos el pasado 8 de enero”, apunta.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se mostró preocupado por esta situación, ya que puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución.

“La falta de medios adecuados produce retrasos en los gabinetes psicosociales con graves consecuencias en asuntos como la tutela de menores o violencia de género”, comenta.

Yanes señaló la importancia de que el ortopantomógrafo, un aparato adquirido por el Gobierno de Canarias para determinar la posible minoría de edad de los migrantes no acompañados, se ubique en un lugar adecuado para proteger los derechos de estas personas.