Denunciadas varias capturas ilegales de más de nueve kilos de lapas en el norte de Tenerife

Agentes del Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias han levantado actas de denuncia por varias capturas ilegales de más de 9,5 kilos de lapas en la playa del Socorro, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. 

Según ha informado este jueves la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en un comunicado, en uno de los casos se habían capturado 9,5 kilos de ese molusco en un día no permitido y sin contar con la licencia que autoriza a la práctica de la actividad.

El marisqueo en el archipiélago está regulado por una orden por la que se fijan determinados aspectos de esta actividad a pie para la recolección de algunas especies de mariscos de Canarias. 

Las infracciones más comunes a la hora de practicar el marisqueo recreativo tienen que ver con los días habilitados para su práctica, no disponer de la licencia correspondiente, el exceso de capturas o el incumplimiento de las tallas mínimas.

Esta norma establece los límites máximos de capturas de la lapa en tres kilogramos por día, que pueden realizarse solamente los fines de semana y días festivos comprendidos entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de cada año. 

La captura fuera de los días autorizados supone una infracción leve y sanción de hasta 300 euros. 

Además, el exceso de capturas, siempre que no sobrepase el doble del límite máximo permitido, constituirá infracción leve, y será grave si el total de capturas supera los seis kilos. 

Dicha orden determina también una talla mínima para la lapa, negra o blanca, de 45 milímetros, tomando a estos efectos la longitud de la máxima anchura del caparazón. 

La captura de lapas por debajo de esta talla mínima supone una infracción grave con sanciones de entre 301 y 60.000 euros.

Los agentes del Servicio de Inspección Pesquera que detecten estas prácticas ilegales tienen la facultad de levantar acta de denuncia recabando todos los datos relativos al infractor y los hechos presuntos para iniciar el correspondiente expediente sancionador. 

Además, pueden tomar las medidas accesorias oportunas para minimizar el daño causado a los recursos o evitar que éstos continúen, lo que pueden derivar en el decomiso de los productos o bienes o la incautación de artes y aparejos. 

El hecho de no colaborar con los inspectores podría suponer sanciones de hasta 60.000 euros, agrega la Consejería.