Candelaria recurrirá en unos días al Cabildo y al Gobierno para estabilizar el talud de Bajo La Cuesta

Superada la semana en la que los habitantes de Bajo La Cuesta debían abandonar sus casas de manera voluntaria, en cumplimiento del decreto municipal que establece en desalojo en función de la peligrosidad y el riesgo de desprendimiento, soportado en un discutido informe, sus vecinos se han mantenido firmes y dispuestos a seguir la lucha, tanto contra la ladera como ante una previsible derivación del caso a los tribunales.

En este asentamiento del litoral del municipio de Candelaria, llevan ya décadas de lucha, pues primero es Costas quien quiere que se vayan, a consecuencia de otro controvertido deslinde de la zona de servidumbre, y ahora es un riesgo que el ex alcalde tradujo en un decreto de desalojo, que de manera voluntaria se ha desechado.

La nueva alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, que reconoció que la situación que se vive en la zona “es dramática”, y justificó el decreto municipal de desalojo, pues dijo que es una consecuencia de la situación sobrevenida del riesgo de desprendimiento, y que se recoge en los distintos informes técnicos y jurídicos emitidos, así como a un último informe técnico externo encargado.

Brito señala que está al tanto de las discrepancias vecinales y de su rechazo a los informes, pero que, en su caso, “me debo a lo que indican los técnicos”, que en sus informes, “con su profesionalidad y conocimientos constatan la valoración del talud, y que determinado que esa posibilidad de riesgo existe”. Al respecto explicó que “hemos asumido los planteamientos de los servicios jurídico”.

En este sentido, Brito anunció que en el marco de la colaboración que existe entre instituciones, y una vez constituidas la mayoría de las mismas, que se ha asumido el compromiso de empezar la próxima semana a mantener encuentros “para insistir en las posibilidad de colaboración con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tratando de buscar una solución y garantizar la estabilidad del talud”.

Además, la alcaldesa señaló que también se ha consultado con otro ingeniero, que se encargará de realizar una valoración de la estabilidad en la zona, cuyos servicios no se requieren para que constate el riesgo que ya han determinado dos informes anteriores, sino que, según la mandataria municipal, su participación se ha recabado “de cara al diseño de proyectos de intervención concretos en la zona que puedan solucionar el problema”.

En cuanto a los contactos de la institución que preside con los vecinos, a la hora de establecer medidas y protocolos de acogida en otras viviendas y resolver su posible desalojo, Mari Brito indicó que “mantuvimos una reunión recientemente con ellos”, y recordó que antes de que se les notificara la orden de desalojo, “nos comprometimos con ellos a mantenerlos informados y, por ello, mantuvimos un encuentro y se les explicó la situación y las posibilidades de intervención, así como la predisposición de poner a su alcance los recursos municipales en caso de desalojo”.

Al respecto, indicó que se reclamó la colaboración para conocer cada situación, pero no se ha recibido ningún dato al respecto, ni se han producido contactos, por lo que, una vez verificado que no se ha desalojado la zona, se abrirá un nuevo procedimiento, que consistirá en solicitar a cada vecino que autorice el desalojo, lo que supone su salida voluntaria. En caso de negativa, el expediente ya sería remitido al juzgado, algo que se produciría en los próximos días, una vez confirmada la negativa al desalojo.

La alcaldesa no descarta que, una vez judicializado este conflicto, se puede prolongar en el tiempo, aunque señaló que “lo que hemos realizado es asumir nuestro responsabilidad de garantizar la seguridad en la zona y también recurrir a las instituciones para ello”.

“Cumplimos con la normativa y damos los pasos en aras de garantizar la seguridad. No hay ninguna otra intencionalidad o motivo para que las personas no puedan estar allí. Solo atendemos una actuación ante una constatación de un peligro”.

Mari Brito negó, de manera categórica, que “haya intencionalidad en el cambio urbanístico del año 2006”, pues aclaró que fue motivado por el cambio de deslinde de Costas, un proceso que no está resuelto “y no tiene nada que ver con este asunto” y añadió que “tampoco tiene ninguna información respecto a un proyecto para un puerto deportivo en la zona” y que fue revelado esta semana por la defensa de los vecinos.

Domingo, la historia de una vida a cuestas

Domingo González es un vecino que lleva ya más de tres décadas viviendo en la zona y, aunque aparenta cierta normalidad, no oculta la incertidumbre que supone “aguardar las órdenes”, pues la última semana han estado pendientes del desalojo, que al final no se cumplió, “ni ha venido nadie por la zona”.

No obstante, ahora se suma otra nueva inquietud, la posible remisión del caso a los tribunales, pero, según Domingo, “es que si nos vamos, el problema es que hay mucha gente sin casa y aquí no ha venido nadie a escucharnos o a ofrecernos nada”. Este vecino de Bajo La Cuesta asegura que “yo no me voy de mi casa si no me lo ordena un juez, porque ahí tengo mi vida, mis cosas y mis animales”.

Domingo no se ve en un piso, “pues tengo mis neveras, armarios, dos perros y unos conejitos”, por lo que se pregunta: “¿Qué hago con todo, lo tiro a la marea? Yo solo les pido que me dejen vivir tranquilo los diez años que me quedan, y que después hagan lo que quieran, pero que no me amarguen ahora”.

En cuanto al informe que se esgrime para insistir en que deben dejar el lugar, este habitante del enclave costero señala que “en más de 50 años que lleva viviendo gente aquí, jamás ha pasado nada”, e incluso recuerda que “por aquí pasaba el camino viejo del sur, que era por donde circulaba la mercancía al resto de la isla y los productos del trueque”.

“El miedo también está en que Costas, que apoya al Ayuntamiento, también venga y derribe todo esto, porque incluso ya han hecho sus informes”, y asegura que, “si hubiera algún peligro, nosotros no vamos a ser los primeros en jugar con las vidas de nuestros familiares”.

Todos los informes y estudios, asegura, “se han hecho desde lejos”, pues explica que “los técnicos jamás han subido al risco a comprobar el riesgo de desprendimiento”. Domingo afirma que “tenemos miedo; sí, tenemos miedo, pero no a un desprendimiento, sino a que nos echen”. Explica que con “todo este jaleo, ya ni dormimos ni comemos, porque es un sin vivir”.