Caso Corredor: la Policía niega que omitiera información para perjudicar a Evaristo González

El agente de la Policía Nacional que instruyó el atestado por el cual el empresario y abogado Evaristo González es acusado de delitos de fraude a la Seguridad Social en el llamado caso Corredor ha negado este lunes que durante la investigación se omitiese información para perjudicar al investigado.

La negativa del agente se produjo durante la sesión en la que titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife comunicase que rechazaba la recusación que contra ella planteó el pasado martes el acusado.

Evaristo González es una de las catorce personas encausadas, entre otros delitos, por el de fraude de más de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social, delito por el cual la Fiscalía pide 16 años de cárcel para él. En la sesión de este lunes, el empresario tinerfeño, que colabora en su propia defensa por su condición de abogado, ha alegado que durante la investigación policial se plasmó solo lo que le perjudicaba.

La investigación se inició después de que el también empresario Carlos Calderón denunciase que Evaristo González pretendía monopolizar el ocio nocturno en la ciudad tinerfeña de La Laguna y que además era favorecido desde la corporación municipal.

El agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional citado este lunes ha declarado por videoconferencia que durante la investigación llevó a concluir que Evaristo González tenía un escaso patrimonio el relación al hecho de que figuraba como administrador o apoderado de 28 empresas.

Los investigadores afirman que Evaristo González utilizaba testaferros que le consultaban para tomar decisiones relacionadas con la falsa contratación de trabajadores para locales de ocio.

El agente que coordinó las pesquisas ha manifestado este lunes ante la juez señaló que se hacían contratos ficticios para empresas que “se dejaban morir” cuando tenían muchas deudas.

Evaristo González ha preguntado al agente cuestiones como si era incorrecto o un delito ser apoderado, a lo que el testigo ha respondido que no, antes de añadir sí lo es el fraude a la Seguridad Social.

El acusado está en prisión desde hace meses acusado de haber ordenado el asesinato en 2018 del empresario Carlos Machín, quien presumiblemente era uno de sus testaferros.