La Fiscalía mantiene las peticiones de prisión en la penúltima sesión del juicio por el caso Arona

La nueva fiscal para Delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Francisca Sánchez, ha mantenido las peticiones de prisión por delitos relacionados con la corrupción para los trece encausados por lo que se conoce como el caso Arona 1, una presunta trama de cobro de comisiones, concesión de licencias y contratos ilegales, mantenidos en el tiempo en ese municipio turístico del sur tinerfeño.

Entre los acusados está el exalcalde de Coalición Canaria (CC) en Arona durante casi diez años, José Alberto González Reverón, para quien se solicitan 2 años de privación de libertad y 21 de inhabilitación para cualquier cargo público. Reverón, que ya fue inhabilitado en 2012 durante cuatro años y medio, volvió a ser condenado hace poco más de un mes, por el mismo tribunal que lo juzga ahora, a ocho años y medio de inhabilitación, por permitir unas obras sin licencia en un hotel.

La fiscal no ha modificado las conclusiones provisionales que elaboró su antecesora, Inmaculada Violán, y que en la sesión de este lunes ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha elevado a definitivas.

Únicamente ha dejado fuera de la petición de inhabilitación especial a los acusados que no eran funcionarios públicos, es decir, los arquitectos sobre los que pende el delito de cohecho, que son Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa, para quienes se solicitan cuatro años de prisión y multas de 12 millones para los dos primeros y de 10 millones para el tercero.

Tampoco puede recaer la inhabilitación especial para el empresario Arsenio Zamora, para quien la Fiscalía solicita tres años de cárcel y 300.000 euros de multa, y al que se considera el “hombre de paja” de los técnicos municipales de Urbanismo acusados, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, ya que habría ejercido durante años como intermediario en el cobro de comisiones ilegales para agilizar o conceder licencias urbanísticas.

Roberto de Luis, exaparejador municipal, es para quien se pide la mayor condena: ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación especial, junto con una multa de 3,4 millones de euros por los delitos de cohecho y prevaricación continuada.

De Luis, que acumuló una fortuna desde 1999, durante las etapas en que Miguel Delgado y González Reverón ejercieron como alcaldes de este municipio del sur de Tenerife, es uno de los personajes que hizo saltar la presunta trama de corrupción urbanística, al ser denunciado por un periódico local, contra el que entabló un juicio por injurias.

Fue en 2004 y su sobrino Antonio Luis Molina reveló entonces como testigo los cobros millonarios que el técnico llevaba a cabo, de quien dijo que tenía total libertad de acciones en la oficina Técnica Municipal de Arona, ya que no era el único que extorsionaba para la concesión de las licencias, bien para obras menores, o para primeras ocupaciones, o para construir en un solar, o para imponer qué arquitectos debían llevar a cabo las edificaciones.

Tres años después, en 2007, una denuncia del entonces concejal por el PSOE, Francisco García Santamaría puso en marcha la investigación judicial.

Al lado de Roberto de Luis, según las conclusiones de la Fiscalía, actuaba el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, y quien según varios testigos han señalado durante la vista oral del caso, como muy dado a pedir “un regalito para mi mujer”, que podía rondar los 500.000 euros. Para él se solicitan seis años de prisión por cohecho, 20 de inhabilitación especial y 500.000 euros de multa.

Igualmente se solicitan seis años de cárcel, 31 de inhabilitación especial y 500.000 euros de multa para el exconcejal y exconsejero en el Cabildo de Tenerife por el PP, Félix Sierra, sobre quien penden los delitos de cohecho, prevaricación urbanística, prevaricación administrativo, actividad prohibida a la autoridad y abuso de poder, todos ellos continuados en el tiempo.

Los restantes acusados por los delitos de prevaricación urbanística y prevaricación continuada son quienes constituyeron el Gobierno Local con Reverón como alcalde y para quienes se piden 2 años de cárcel y 20 de inhabilitación para el ejercicio de cualquier caro público. Son Manuel Barrios (exalcalde y exconcejal por el PSOE e ICAN); Juan José Alayón (CC); Alfonso Barroso (CC); José Luis González (CC), y Daniel Martín (CC).

Las defensas se agarran a las dilaciones indebidas

Los abogados de la defensa solicitaron la libre absolución de los acusados y han pedido al tribunal que se aprecie como atenuante las dilaciones indebidas, ya que se han tardado casi diez años en señalar la vista oral de la causa, aunque en parte debido a los recursos de reforma y luego de apelación interpuestos tras levantarse el secreto del sumario, una vez que el juez instructor, Nelson Díaz Frías, dictó el auto por el que interesaba la apertura del juicio.

El abogado de la acusación particular y que representa a los empresarios vascos José Ramón Ansorena, padre e hijo, ha limitado sus peticiones de prisión (las mismas que solicita la Fiscalía) para Roberto de Luis, Eliseo de la Rosa y Antonio Zamora, quienes habrían extorsionado y arruinado a sus clientes, a los que no se les permitió construir en un solar en Costa del Silencio, tras negarse a pagar 45 millones de pesetas (fue en el año 2000). Al tiempo que eso ocurría, una constructora de Pedro Suárez levantaba sin problemas en una finca colindante, destinada a uso comercial, más de 400 viviendas.

Ansorena hijo grabó esa presunta extorsión, en la que el intermediario Arsenio Zamora le pidió dos pagos de 22, 5 millones de pesetas para tramitar la licencia urbanística. Esa cinta fue aportada a la instrucción y Díaz Frías ordenó las detenciones de Zamora, Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa.

La de este lunes ha sido la penúltima sesión de la vista oral por el caso Arona 1. El próximo 25 de abril, tras la lectura de los informes por parte de Fiscalía, acusación particular y defensas, quedará visto para sentencia, aunque no se prevé que el fallo judicial esté firmado antes de junio.