Caso Arona: “Me pidieron 25 millones de pesetas para poder construir en suelo rústico”

“Me pidieron 25 millones de pesetas para poder construir”. Esta ha sido quizás la frase más contundente de la decimotercera sesión del juicio por el caso Arona, que se celebra desde enero pasado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La pronunció Marcos Brito Melo, propietario de un terreno en Arona en el que quiso construir una urbanización, pese a que la parcela estaba calificada como suelo rústico.

Marcos Brito Melo explicó, con algunas lagunas de memoria, que una persona extranjera le había propuesto edificar en sus terrenos. Le transmitió la idea al arquitecto Manuel Alexis Hernández, con quien ya había trabajado en otros terrenos, y que acudió a la oficina técnica del Ayuntamiento para solicitar la licencia.

El testigo aclaró al tribunal, y a preguntas de la ponente, la magistrada María Vega, que tras esa visita del arquitecto a la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, “dos señores me esperaron por fuera de mi casa y me dijeron que si pagaba 25 millones de pesetas obtendría la licencia sin problema, y les dije que me trajeran los papeles y ya vería”.

Brito Melo no pagó y no hubo construcción, aunque dijo que no sabía quiénes eran las personas que le pidieron el dinero. Con este testigo se apuntala el cobro generalizado de comisiones ilegales para la concesión de licencias de construcción en Arona con el visto bueno del Gobierno municipal, lo que es uno de los motivos por el que hay trece personas sentadas en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, negó que el exconcejal de Urbanismo, Manuel Barrios (CCN), le hubiera propuesto construir un colegio en sus terrenos, una obra que, según las preguntas del abogado de la acusación particular, que representa a los presuntamente extorsionados constructores José Ramón Ansorena Ormazábal y José Ramón Ansorena Carrera (padre e hijo), se llevó a cabo sin que salieran a concurso público sus licitaciones pertinentes, sino que se habrían asignado los contratos a dedo.

El primer testigo de la mañana, Ernesto Martínez, que era vigilante de la parcela propiedad de los Ansorena, ratificó la amenaza del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, acusado por cohecho, quien según dijo, se presentó en los terrenos y gritó “os juro por mi madre que jamás tendréis la licencia”, una vez que los constructores vascos se habían negado a pagar lo 45 millones de pesetas que les habrían pedido los técnicos municipales, a través del intermediario igualmente acusado, Arsenio Zamora, para desbloquear la concesión de la licencia que necesitaban para construir una urbanización en Costa del Silencio.

Falta de memoria

Menos contundentes en sus declaraciones se mostraron los juristas contratados por los Ansorena para que elaboraran los informes necesarios con los que poder construir sin tener que pasar por el supuesto aro de la extorsión.

Jesús Villodre Cordero afirmó que la parcela de los perjudicados era de uso mixto, es decir, que podría ser tanto de uso residencial como hotelero, pese a lo cual, hubo que hacer un informe para la modificación puntual del uso del terreno, una vez que la primera solicitud de licencia fue denegada por los técnicos municipales sentados en el banquillo, Eliseo de la Rosa y el ex aparejador municipal Roberto de Luis.

“Si la licencia se hubiera dado la licencia a tiempo, no se habrían visto (los Ansorena) afectados por la Ley de 2003 de moratoria turística”, a raíz de la cual las viviendas ya no podían ser apartamentos, sino que debían tener un mínimo de 100 metros cuadrados para uso residencial. De esa forma, el proyecto inicial de 206 inmuebles quedó reducido a poco más de un centenar.

Villodre aclaró que fue contratado por los denunciantes para obtener los informes favorables del Cabildo, Gobierno de Canarias y Costas antes de volver a solicitar de nuevo la licencia de obras en el Ayuntamiento de Arona.

El jurista reconoció que se reunió en varias ocasiones con los técnicos municipales y con políticos, aunque no recordaba quiénes. “Entre 2001 y 2005 hubo varias normas nuevas y el marco jurídico, muy complejo, tenía que ser interpretado. No había tantas dudas en el Cabildo, pero en el Ayuntamiento de Arona me pidieron un informe complementario. El secretario general (ya fallecido) no tenía dudas2.

Asimismo indicó que había “una rumorología” según la cual, en el Ayuntamiento de Arona había que pagar comisiones extras para obtener o desbloquear las licencias, “aunque no lo puedo demostrar”.

También indicó que había una “residencialización” de las parcelas que rodeaban a la de los Ansorena, con licencias “contemporáneas” a la misma que solicitaban los denunciantes, y que le llamó la atención que el tasador de TINSA, empresa tasadora de la entonces Caja Canarias, no apreciara los informes favorables del Cabildo y del propio Gobierno regional a las pretensiones de los constructores vascos (motivo por el que se les denegó un préstamo con garantía hipotecaria, lo que acabó con sus intenciones de construir la urbanización).

Luis Eugenio Rodríguez, el otro jurista contratado por lo Ansorena, afirmó ante el tribunal que “no quiero hablar mal de nadie” y, en efecto, así fue. En la sesión de este lunes no recordaba si había o no problemas para que se concediera el uso residencial, en vez de hotelero/turístico, a las parcelas como las de los Ansorena, y recalcó que “el marco legal era muy confuso y muy complicado”.