Podemos pide personarse en el caso de la piscifactoría que contaminaba en Tenerife
El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha solicitado personarse en el caso piscifactoría, del que se han abierto diligencias previas en un juzgado de La Orotava. La decisión se toma a raíz de la denuncia formalizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por las irregularidades y presuntos delitos contra la salud pública y medioambientales detectados en la piscifactoría de truchas que gestiona el Cabildo de Tenerife en Aguamansa (La Orotava). Esta información la destapó Tenerife Ahora.
“Nuestro objetivo es seguir de cerca este procedimiento y colaborar tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la depuración de las responsabilidades que podrían derivarse de las irregularidades y presuntos delitos cometidos”, explica la consejera del grupo Podemos Mila Hormiga.
La consejera alude a la información de Tenerife Ahora, en la que se explicaba cómo este verano el Cabildo contaminó con antibiótico cuyo uso está prohibido en humanos (un derivado del cloranfenicol) el agua que llega al canal del norte y, por lo tanto, la que se utiliza para el consumo de la población en algunos municipios de la vertiente septentrional de la isla y en parte del área metropolitana.
Hormiga explica que, aunque tanto en prensa como en la comisión plenaria en la que preguntó por este asunto “los responsables del Gobierno insular de CC-PSOE trataron de minimizar lo ocurrido, lo cierto es que tanto el informe veterinario en el que se basó la citada revelación periodística como el informe de Salud Pública que propició hace unas semanas el cese de actividad de esa piscifactoría confirman que en esta explotación se han cometido irregularidades muy graves, algo especialmente preocupante al tratarse de una actividad gestionada por una administración pública”.
El informe de Salud Pública, que ya tiene en su poder la formación morada, detalla que el agua de los estanques donde están las truchas es conducida sin tratamiento al canal del norte, que esta explotación no dispone de autorización para verter sus aguas residuales a un canal que suministra agua de consumo humano y que no existe documento alguno que acredite ni el origen del agua de galería que llega a la piscifactoría ni el punto exacto de vertido de esa explotación acuícola.
Además, hace constar que no hay registro sobre la naturaleza y origen de los alimentos suministrados a las truchas, ni del detalle de los medicamentos veterinarios y tratamientos con la fecha de administración y tiempo de espera. “Según ese informe, la única prescripción veterinaria de medicación está referida a las truchas que había en esta piscifactoría en 2012”, reseña.
Hormiga incide en que esta inspección de Salud Pública también concluyó que la piscifactoría no dispone del resultado de analíticas de muestras tomadas para el diagnóstico del proceso o enfermedad que justifique los tratamientos realizados y que tampoco dispone de analíticas actuales ni periódicas del agua de origen y del agua residual que se está destinando o derivando al canal de Aguamansa-Santa Cruz.
“Con todo ello resulta poco creíble el esfuerzo del Gobierno insular por quitar hierro a todo ese descontrol, ya que ni siquiera disponen de analíticas que permitan calibrar los riesgos y problemas que podrían derivarse de la ingestión humana de esos antibióticos”, subraya la representante de la formación morada.
“Tras un mes recabando información, seguimos sin saber cuál es la justificación de que el Cabildo produzca peces de una especie por completo exógena a los ecosistemas del archipiélago, que, por estar fuera de sus condiciones ambientales originales, enferma y debe ser medicada, ni tenemos dato alguno sobre el procedimiento de comercialización o sobre los supuestos ingresos que genera esa explotación, lo cual dice mucho de la falta de responsabilidad que, una vez más, caracteriza la gestión de sociedades, empresas y servicios dependientes del Cabildo”, explica.
