La Policía relaciona a Zerolo, Bonis y los arquitectos del PGO de Santa Cruz con la familia Pujol
Un informe elaborado por la Brigada Central de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción ha desvelado las conexiones que supuestamente existieron entre los negocios de la familia del expresidente del Gobierno catalán Jordi Pujol, el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo, el exvicepresidente del Gobierno de Canarias Julio Bonis y los arquitectos del Plan General de Santa Cruz, Palerm & Tabares de Nava.
En la actualidad, la Audiencia Nacional investiga las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente citado, entre las que se encuentra su participación en la empresa Juandro, SL, de la que Bonis llegó a ser gerente.
Esta sociedad mostró interés en invertir en la construcción en México de una urbanización conocida como Azul de Cortés, en cuya definición intervino el equipo de arquitectos mencionado. La Policía considera que Zerolo tuvo interés en participar en esa inversión a través de Bonis. De hecho, se identificaron transferencias por parte de Juandro a la sociedad de un supuesto testaferro del exalcalde que alcanzaron los 4.515 euros mensuales durante un periodo de tiempo.
Precisamente, el grueso de las nuevas informaciones, de las que también se ha hecho eco el digital El Español, surge en torno a este proyecto en el que se involucró Pujol, que, según ese informe policial, habría servido para un supuesto blanqueo de capitales. “La figura de Bonis deviene en esencial en la operación y trasciende ampliamente la de mero testaferro, incluso la de fiduciario, dado que interviene en actos ejecutivos de forma volitiva y consciente”.
En un momento dado, la Policía admite que carece de la formación necesaria para delimitar si los servicios prestados por los arquitectos fueron reales. No obstante, se hacen eco de los indicios hallados por la Agencia Tributaria, en función de los cuales “estos capitales remitidos desde España tendrían unas motivaciones bien distintas”.
Hacienda tachó de “incoherente” e “inusual” que Bonis recurriese a contratar los servicios arquitectónicos de proveedores españoles como Palerm y Tabares de Nava. “Lo cierto es que, por naturaleza de tipo urbanística, sería obviamente más razonable acudir a proveedores locales, por varios motivos, especialmente por el conocimiento de la normativa y demás cuestiones que se le presuponen a los nacionales del país”.
Por el contrario, este equipo tiene su sede en Santa Cruz, donde se firmaron todos los contratos con Bonis, como es el máster Plan de Desarrollo Azul de Cortés por importe de 300.000 dólares y otro de 200.000 para la realización de estudios previos de la urbanización La Paz. Estos pagos la Policía certifica que se llevaron efectivamente a cabo. A continuación los investigadores subrayan la estrecha relación que existió entre Bonis y Zerolo, que quedaría demostrada en las numerosas llamadas interceptadas durante las investigaciones del caso Las Teresitas.
Las investigación policial además se hace eco de las causas en las que han estado vinculados los arquitectos y Zerolo: la supuesta falsificación del PGO, en el que los primeros ya han sido llamados a declarar en calidad de testigos, y otra por el desvío presupuestario del barranco de Santos, cuyo coste inicial pasó de 18 a 120 millones.
En esta supuesta querella, de la que no se tiene conocimiento oficial, se reflejaría también que uno de los familiares de los arquitectos se vio beneficiado, supuestamente, por la expropiación. En cuanto a Zerolo, se nombra su inhabilitación por prevaricación por el caso García Cabrera y “multitud de causas”, a lo largo de las cuales se interceptaron numerosas llamadas telefónicas entre el exsenador y exalcalde y Julio Bonis.
