Canarias inicia el recuento de daños tras despedir a la borrasca Therese
Las instituciones canarias han comenzado a hacer recuento de los daños causados por la borrasca Therese, que definitivamente ha cesado tras dejar un rastro de destrucción a su paso y centenares de incidentes en todas las islas, principalmente desprendimientos, inundaciones, cortes de carreteras y la acumulación de grandes volúmenes de precipitaciones.
Un informe preliminar de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos cifra en más de 10 millones de euros los daños causados en medio centenar de colegios, institutos y centros integrados de Formación Profesional (FP).
Durante los últimos días se han registrado afectaciones de diferentes grados en instalaciones educativas de la isla de Gran Canaria (24), en Tenerife (17), Fuerteventura (3), Lanzarote (2), en La Palma (2) y La Gomera (2).
El consejero canario de Educación, Poli Suárez, ha señalado que la declaración de emergencia de las obras “permitiría disponer de los recursos económicos del remanente presupuestario y la ejecución de las obras necesarias de manera más ágil y rápida”.
Faltan por cuantificar las afecciones en la red viaria y otras infraestructuras para que el Consejo de Ministros proceda a la declaración de Canarias como “zona catastrófica”.
Solo la reparación de la avenida marítima de Valle Gran Rey, seriamente afectada por las lluvias torrenciales de ayer miércoles, costará más de tres millones de euros, según ha calculado el alcalde de la localidad, Borja Barroso.
El regidor ha anunciado que se va declarar la emergencia para restablecer infraestructuras y garantizar la seguridad de los vecinos, porque lo daños “son cuantiosos”, sobre todo en forma de cañadas desbordadas, desprendimientos en carreteras y cortes de agua.
El alcalde ha apelado a la cooperación de todas las administraciones para restablecer la normalidad en su municipio, de 4.805 habitantes, cuya protección ha dicho que “siempre estuvo garantizada”, y una proyección turística importante.
En Valle Gran Rey, más de un centenar de vecinos de los barrios ubicados en la parte de Guadá están sin agua después de que ayer la tormenta Therese causara que muchas tuberías se saturasen y rompiesen.
En el resto del archipiélago se ha empezado a recobrar la normalidad y, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife ha desactivado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), dando paso a una nueva fase centrada en la evaluación de daños y la recuperación de infraestructuras.
Con todo, se recuerda desde la corporación insular que, aunque finaliza la situación de emergencia, es necesario mantener la precaución en determinadas zonas de la isla, especialmente en espacios naturales y áreas que hayan podido verse afectadas por el temporal.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha mantenido hasta este mediodía la emergencia por riesgo de inundaciones en La Gomera, cuando la ha desactivado, como antes hizo con las situaciones de emergencia, alerta y prealerta en el resto de las islas.
Aunque prosiguen sobre Canarias los últimos restos de inestabilidad asociados con la borrasca Therese, ya no puede preverse la ocurrencia de chubascos de cierta intensidad.
Pese a desactivarse la emergencia por riesgo de inundaciones en La Gomera, tampoco habrá clases presenciales mañana viernes en los centros educativos de la isla, según ha anunciado la Consejería de Educación, cuya gestión sigue estando en el centro del debate político.
El PSOE canario ha vuelto a denunciar hoy el “caos” organizativo de la Consejería en su gestión de la borrasca Therese, a la que acusa de haber dejado solos a los centros educativos y a los ayuntamientos frente a la emergencia, y han anunciado que pedirán la comparecencia de su responsable, Poli Suárez, en el pleno de la Cámara regional.
El PP regional ha tachado de “carroñera” la actitud de los socialistas pues intuyen en sus críticas un intento de sacar rédito partidista a una situación de emergencia.
Más allá del ámbito educativo, la borrasca Therese ha llevado al Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife a exigir a las autoridades competentes que, en los distintos niveles de una situación de emergencia, haya protocolos claros, contrastados e informados que garanticen la seguridad del personal médico esencial que deba ser movilizado.
La entidad colegial afirma que le han llegado experiencias “dramáticas” vividas por algunos facultativos que, en el desempeño de sus obligaciones profesionales, tuvieron que desplazarse a sus centros de trabajo y corrieron peligro grave para su integridad personal.
