Da la sensación de que se acabaron aquellos tiempos en que dos o tres políticos desayunaban regularmente con un par de empresarios (y no siempre con todos a la vez) y conseguían desbloquear una inversión en un club de fútbol o alcanzar una complicada ayuda de los fondos de desarrollo regional. Los empresarios de ambas provincias ya conocen su capacidad de maniobra, y lo que es mucho más rentable, los puntos débiles de una parte importante de la clase política canaria. Y eso, aunque pueda volverse en contra de la parte contratante en el caso de un juez quisquilloso, da mucho juego para una negociación. En el caso concreto de Tenerife, es evidente que ATI empieza a perder su hasta ahora intocable influencia ante la clase empresarial. Lo que no sabemos es si están hartos de la ordeñanza o si han descubierto que los que están hechos para mandar tienen que mandar sobre los que están hechos para obedecer. Y así les ha ido.