Todo lo que viene ocurriendo alrededor de la playa de Las Teresitas tiene unos antecedentes que no conviene olvidar, como aspectos de las negociaciones entre el Ayuntamiento y los compradores, o aquella famosa sentencia del Supremo que daba firmeza a la revisión de un Plan Parcial que convertía todo el frente de playa en un remedo atlántico de Benidorm, sentencia convenientemente filtrada a los espabilados empresarios días antes de su votación para que tuvieran tiempo suficiente de comprar por 5.500 milones un lote de suelo que luego colocaron al Ayuntamiento por 8.750. No ha sido esta ni otras cuestiones las que llevaron a Fernández Valverde a declarar “contrario al ordenamiento jurídico” el contrato de compraventa, que ahora se circunscribe exclusivamente al precio pagado por el Ayuntamiento, posiblemente excesivo y sin mayores justificaciones que las de quedar bien con un par de honrados vecinos del municipio.