“La designación de Alba como ponente del caso Faycán fue aleatoria y no había forma de evitarla desde la Audiencia”

Emilio Moya nació en un pueblo de Cuenca hace 61 años, pero lleva tres décadas, toda su vida profesional, instalado en Canarias. Ingresó en la carrera judicial en 1998 y ha sido decano de los jueces en Santa María de Guía - por antigüedad-, decano en Las Palmas de Gran Canaria -por elección-, y miembro de la Sala de Gobierno del TSJC, entre otros cargos.

Asociado a Francisco de Vitoria, entre 2003 y 2005 se apartó temporalmente de la judicatura para ocupar el puesto de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, en un Ejecutivo liderado por Coalición Canaria (CC) gracias a un pacto con el Partido Popular (PP).

Desde 2013 es presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, cargo que aspira a revalidar en medio de la tormenta desatada por el caso Salvador Alba.

¿Qué le motiva a dar el paso y presentarse a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas?

Después de desempeñar el cargo estos últimos cinco años, al margen de momentos muy desagradables que están en la mente de todos, en general, creo que estoy satisfecho de la labor realizada y espero que los compañeros también lo estén. Me presento a la renovación porque me gusta la gestión y servir a los demás.

La Administración de Justicia en Canarias se ha visto salpicada en los últimos tiempos por escándalos que han afectado a magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas. ¿Cómo valora la respuesta de la institución ante ellos?

La Audiencia Provincial carece de competencias disciplinarias. La Audiencia Provincial ha adoptado las medidas oportunas al día siguiente de que la Comisión Permanente delegara en su presidente.

¿Está desacreditada la Justicia en Canarias?

No. Sí lo ha estado de forma puntual, pues ciertamente a todos afectan los hechos acaecidos, pero es injusto extender el descrédito a todos los jueces y demás profesionales de la Justicia, más allá de casos puntuales.

En 2018 se han celebrado los juicios de los casos Faycán, Eolo, Palmera… Todos ellos más de una década después de haberse iniciado la instrucción de la causa. La lentitud de la Justicia indigna a la ciudadanía y, también, a los propios procesados. ¿Cuál es la solución para dotar a la Justicia de mayor agilidad? ¿Existe una adecuada planificación y medios para hacer frente a estos procesos?

Si hoy se incoara cualquiera de esos procedimientos, la duración de la instrucción se vería limitada por la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, es muy difícil que la instrucción de casos complejos y con un gran número de investigados sea ágil, pues lo impide el número de declaraciones, las diligencias de investigación, los recursos presentados, etc.

El juicio por el caso Faycán ha estado marcado por la polémica. El magistrado que presidió la vista oral, Salvador Alba, fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial antes de dictar la sentencia. ¿Se podía haber evitado esta situación?

El magistrado Salvador Alba era ponente no solo del caso Faycán, sino de decenas de procedimientos, como cualquier otro magistrado. Mientras que estaba en activo, no se adivina razón alguna en manos del Presidente de la Audiencia Provincial que se apoye en la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar que forme parte de la Sala en las decenas de procedimientos en los que le ha correspondido la ponencia. Su designación como ponente en el caso citado y en todos los demás asuntos fue aleatoria por el turno correspondiente. La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla mecanismos para apartar a un magistrado de un caso, como es la recusación, amén de la suspensión y ninguno de ellos es competencia de la Presidencia de la Audiencia Provincial.

En los últimos tiempos hemos visto cómo muchas decisiones judiciales han sido duramente cuestionadas por una parte de la opinión pública. ¿A qué cree que se debe esta distancia que parece que se ha abierto entre la sociedad y los jueces?

Que los ciudadanos critiquen las resoluciones judiciales es normal, que haya manifestaciones puede entenderse, que la gente no entienda el sentido de determinadas resoluciones judiciales también es comprensible, pero lo que de ningún modo es aceptable son los pronunciamientos de responsables políticos que alientan respuestas populistas y no solo critican las resoluciones, lo cual también es normal en un Estado de Derecho, sino que cuestionan la imparcialidad de los jueces y de sus resoluciones.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de este distanciamiento se ha producido con la sentencia del caso de La Manada y la posterior decisión de dejar a los condenados en libertad provisional, una decisión que provocó una movilización social sin precedentes muy crítica con la actuación del tribunal ¿Comprendió estas críticas? ¿Cómo cree que se debe hacer frente a esta situación desde la Administración de Justicia?

Comprendo esas críticas, pero no comparto el linchamiento de los jueces a lo que no ayudó las declaraciones de algunos responsables políticos.

¿Cómo valora la actuación del Tribunal Supremo con respecto al impuesto a las hipotecas? ¿Entiende la decisión de revisar la sentencia que fallaba a favor de los consumidores y en contra de la banca?

Desastrosa en cuanto a las formas, incluso el propio Presidente del Tribunal Supremo pidió públicamente disculpas. Respecto del fondo, el derecho no son las matemáticas, y los votos a favor de una u otra postura son similares (15-13). La modificación de criterio inicial debió administrarse mejor y la reunión del Pleno debió ser anterior y no posterior a la sentencia dictada.