Vuelve al banquillo el polémico empresario José Miguel Suárez Gil, ahora por fraude fiscal
El polémico empresario José Miguel Suárez Gil, de 74 años, que lo fue todo en el movimiento empresarial grancanario a finales de los 90 y en los primeros años de este siglo, volverá a sentarse en breve en el banquillo de un juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria para responder por un presunto delito de fraude fiscal. La Fiscalía pide para él tres años de prisión y una suma superior al millón de euros entre multas e indemnizaciones. El juicio está inicialmente señalado para el 2 de octubre.
Según el escrito del Ministerio Público, Suárez Gil tramó entre 2005 y 2007 una operación mercantil destinada a ser pantalla del cobro de una transacción inmobiliaria por la que no tenía intención de pagar impuestos. Por entonces (2005) el empresario era el presidente de la patronal alimentaria Fedalime y desde ese cargo maquinó una compra-venta de un solar propiedad de la patronal, situado en la zona de La Ballena, junto al centro comercial de igual nombre.
Para cobrar los beneficios de aquella operación inmobiliaria constituyó en 2007 una sociedad -P7 Canarias Macaronésica, S.L.- a través de dos testaferros que, a los quince días, vendieron todas sus participaciones a otra sociedad limitada, Canarias Exterior, perteneciente al cien por cien de la que luego sería esposa del acusado, la abogada Josefina Navarrete. Esta transacción se inscribió en octubre de 2008, doce meses antes de otra transmisión más, la de Canarias Exterior a manos de José Miguel Suárez Gil.
Es en ese lapso cuando la Fiscalía cree que se produce el beneficio que el Zorro Plateado decidió ocultar a la hacienda pública mediante el mecanismo de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC). En 2006, la sociedad declaró un beneficio de 536.000 euros y dotó RIC por importe de más de 482.000, lo que le obligaba a materializar esa reserva mediante inversiones antes del 31 de diciembre de 2010, lo que no ocurrió. La empresa tampoco presentó liquidación complementaria del Impuesto de Sociedades para cubrir ese diferencial, ni la Agencia Tributaria ha encontrado bienes realizables con los que hacer frente a la cuota no ingresada.
Además, siempre según el escrito del Ministerio Público, una cuenta de la sociedad P7 Canarias Macaronésica presentó diez reintegros por un importe cercano a los 500.000 euros. En 2010 ya no tenía ni trabajadores ni actividad alguna.
Por todos estos hechos, que la Fiscalía considera delito contra la hacienda pública, pide para Suárez Gil tres años de prisión y multa de 356.102,26 euros; para P7 Canarias, una multa de 534.153,39 euros, y para ambos, una indemnización conjunta y solidaria a la Agencia Tributaria de 178.051,13 euros.
José Miguel Suárez Gil, del que casi nadie se acuerda ya, llegó a ser un personaje importante del mundo de la empresa en Canarias, particularmente en la provincia de Las Palmas. Comenzó como subalterno del presidente de la patronal alimentaria Fedalime, que pasó a presidir tras el fallecimiento de aquel. Desde ese puesto y utilizando hábilmente asociaciones empresariales de todo tipo y tamaño, algunas de ellas fantasmas, para las que obtenía jugosas subvenciones, logró codearse con la flor y nata de la patronal canaria, hasta el punto de pretender presidir la poderosa Confederación Canaria de Empresarios. No lo logró, pero sí alcanzó la presidencia de la Cámara de Comercio de Las Palmas, en la que hizo una auténtico estropicio: durante su etapa, la Corporación sufrió una quiebra que derivó en la creación una cámara por isla de la provincia.
En el terreno personal, el declive de Suárez Gil comenzó cuando fue detenido tras encañonar y amenazar a la que fuera su esposa, la abogada Josefina Navarrete. Aquel suceso le llevó a ser condenado a un año de prisión en 2011, y de él se derivaron hallazgos como el de un auténtico arsenal de armas en el domicilio del empresario: un rifle con bayoneta marca Beretta; una pistola Browning y otra Regi; una carabina Winchester; un rifle de la Fábrica de Armas de Oviedo; otro de tipo avancarga; dos escopetas; un tercer rifle Oewefg Steyr 1886; una pistola Astra y otra Smith & Wesson; cuatro silenciadores, y una defensa eléctrica. Pero como la Policía encontró todas esas armas y sus municiones sin una orden de entrada y registro firmada por un juez, su condena a 36 meses fue anulada.
La política llegó a tentar también a Suárez Gil hasta el punto de resultar elegido diputado regional en 1991 mediante un partido fundado para la ocasión por un sector empresarial que le apoyaba: Coalición por Gran Canaria. En la web del Parlamento solo queda el rastro de su nombre y poco más.
