Mas de un año en los tribunales para desahuciar a la pareja de su padre de una casa heredada

Octubre de 2021. Es la fecha que ha fijado el juzgado de Instrucción Número 2 de Telde para resolver la controversia en torno a un desahucio que fue ordenado para junio de ese mismo año. El caso llegó a los tribunales en mayo de 2020 por una herencia de una vivienda con hipoteca. Poco más de un mes después de la muerte su padre, Óscar San Juan decidió acudir a la justicia porque la pareja de su progenitor se negaba a abandonar la casa, quien pedía que se le cediera temporalmente el uso hasta que adquiriera medios propios para acceder a otra residencia. Así se recoge en una sentencia dictada en noviembre de 2020, donde se estimaba la demanda y se ordenaba el desalojo.

En su escrito de demanda, San Juan relataba que cuando falleció su padre y recibió la vivienda como herencia, habitaba otra casa en régimen de alquiler, por lo que se vio abocado a pagar una hipoteca y el arrendamiento. Asegura que inicialmente, trató de llegar a un acuerdo amistoso con la demandada, pero tras negarse, decidió acudir a los juzgados para que se ordenara el desalojo.

La jueza consideró probado que Óscar San Juan era el legítimo propietario de la vivienda en base a la escritura de herencia firmada en junio de 2020 y presentada como prueba. Y estimó que la demandada ocupaba en precario la casa, es decir, que habitaba en un bien ajeno sin un título que justificara su posesión y sin pagar renta.

Además, remarcó que aunque conviviera con el padre de Óscar San Juan en el inmueble, esto no le otorgaba un derecho de uso, y no se llegó a acreditar ningún acuerdo verbal entre las partes para ceder temporalmente el inmueble. Por todo ello, condenó a la demandada a desalojar el inmueble antes de la fecha fijada para el lanzamiento y a pagar las costas.

Contra la sentencia cabía recurso de apelación, que fue presentado antes de la finalización del plazo fijado. La pareja del padre de Óscar San Juan declaró que vivía en la casa que se le ordenó desalojar desde 2011 y que la relación sentimental con su progenitor se prolongo durante 18 años, una situación que a su juicio, la jueza no valoró.

En el escrito, reclamaba la desestimación de la demanda porque esta se presentó en mayo de 2020 y la firma de la escritura de la herencia correspondía a junio del mismo año. Por ello, consideraba que se incurría en fraude procesal y, además, el demandante había incumplido el supuesto pacto verbal en el que se permitía mantener la cesión de la vivienda de forma temporal.

Paralelamente, Óscar San Juan pidió la ejecución provisional del desahucio y en abril de 2021, el juzgado resolvió que el desalojo de la vivienda se debía llevar a cabo en el plazo de un mes, es decir, hasta junio. Y, de incumplir esta acción, la parte demandada se exponía a multas coercitivas. Contra dicha ejecución no cabía recurso, pero sí, en un plazo de diez días, exponer al tribunal los motivos por los que se oponía al desalojo. La parte demandada se acogió a esta opción y el desahucio no se hizo efectivo en el plazo previsto. La jueza dispuso en mayo de este año celebrar una nueva vista para “resolver la controversia sobre la oposición al lanzamiento”, fijada para el 5 de octubre.

Esta situación ha llevado a Óscar San Juan a lanzar una recogida de firmas en Change.org para reclamar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto, en lo que respecta a la agilización de los desahucios. En 2018 el Congreso aprobó una reforma para este mismo fin en determinados supuestos de propiedad. El demandante explica que su petición es similar a la que defiende la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

En este sentido, el Partido Popular llevó este año una proposición no de ley contra la 'okupación', respaldada por Vox, que incluía penas de cárcel, prohibir que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y proteger a los vecinos afectados por estas situaciones. A esta iniciativa se opusieron PSOE, Podemos, ERC, Compromís o BNG, esgrimiendo que era innecesaria, rozaba la inconstitucionalidad y sobredimensionaba una situación que tiene su raíz en el problema de la vivienda.