Aprobada la estructura de la Oficina Fiscal de Canarias, que da apoyo al Ministerio Fiscal

El Gobierno de Canarias ha aprobado el diseño y la estructura de la Oficina Fiscal de Canarias, un órgano destinado a dar soporte y apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal en el archipiélago.

Su creación, según ha informado este lunes la Consejería de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas, responde a la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de Justicia, que según este departamento culmina un proyecto iniciado en 2018 “y que había quedado paralizado en la anterior legislatura”.

La consejera del área, Nieves Lady Barreto, ha señalado que la puesta en marcha de esta estructura responde al impulso derivado de la nueva normativa estatal y a los acuerdos alcanzados en la comisión mixta entre la Consejería y la Fiscalía en 2025.

La Oficina Fiscal se articula bajo la dirección de la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, y se estructura en torno a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, que incluye su sección territorial; las fiscalías provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con sus respectivas secciones territoriales y especializadas; y la Fiscalía de área de Lanzarote-Puerto del Rosario.

El diseño contempla un modelo “flexible” que se adapta al tamaño y características de cada oficina, con áreas funcionales como apoyo a la jefatura, apoyo procesal y a la investigación y soporte general, añade la nota.

Según establece la orden, la dirección de cada oficina fiscal corresponderá a las jefaturas de las fiscalías, mientras que el personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá funcionalmente de estas y orgánicamente de la Dirección General competente en medios personales.

La estructura incluye distintos tipos de puestos, como los de libre designación, singularizados y genéricos, añade la nota.

Entre los primeros, la Consejería ha destacado la figura del coordinador de la Oficina Fiscal, encargado de la planificación, organización y supervisión del funcionamiento, así como de la gestión de medios y personal.

Entre los puestos genéricos figuran los de gestor y tramitador procesal-administrativo y auxilio judicial.

Asimismo, se crea una Unidad de Apoyo al Fiscal Superior, que asumirá funciones de representación institucional, comunicación, atención al ciudadano, elaboración de informes, estadística y gestión de recursos humanos y materiales.